INTRODUCCION

Este trabajo se ha elaborado en función de la siguiente hipótesis: el régimen que preside Hugo Chávez siempre ha tenido como norte la concentración total del poder de la sociedad, idea central que comanda las decisiones que preceden sus acciones. En virtud de ello, la aniquilación de la descentralización del Estado es uno de los objetivos a lograr y se ha enfrentado por medio de un proceso progresivo de re-centralización, con acciones radicales en los últimos años. Estas acciones buscan instaurar un Estado Comunal donde la descentralización prevista en la Constitución de 1999 será suprimida.

Esta hipótesis requiere varias precisiones. En primer lugar, hay que diferenciar conceptualmente la idea de concentración del poder de la de re-centralización. La concentración de poder que procura este régimen apunta hacia la eliminación de toda forma de división de poder dentro del Estado, horizontal y verticalmente. Esta concepción en el manejo de los asuntos públicos conduce, inexorablemente, a la eliminación de toda disidencia en la sociedad. Por su parte, la re-centralización define la ejecución de una operación que persigue la eliminación de la división vertical del poder; se re-centraliza lo que antes estaba des-centralizado. Esta acción no podía ejecutarse radicalmente en el inicio de la revolución; así, el gobierno de Chávez se inició con una escena en cámara lenta y luego acelerada a través del uso de la violencia abierta contra los mandatarios territoriales electos y la supresión de las competencias y finanzas de estados y municipios.

En segundo término, la re-centralización en Venezuela, se diferencia sustancialmente de la que se puede observar en otras federaciones en dónde la des-centralización mantiene su vigencia a pesar de la presión constante que se ejerce desde el poder ejecutivo sobre los territorios. Por ejemplo, las federaciones brasileña y argentina han acusado intentos de re-centralización a partir de las siempre presente aspiraciones presidenciales de controlar el destino de los recursos fiscales. Sin embargo, ni en Brasil ni en Argentina existe un proyecto de concentración de poder total del Estado y de la sociedad. Allí, la legitimidad de los mandatarios territoriales se mantiene firme en función de su carácter electo.

Una tercera precisión tiene que ver con el tipo de ideología que comanda las decisiones del régimen, a partir de la cual se prefigura el concepto de manejo de poder. Como claramente lo ha sostenido el Presidente Chávez, el régimen se declara marxista. Y así se aspira que piense toda la sociedad. Esta declaración no es una simple bravuconada que busca entrampar a la disidencia. Son los principios del grupo que controla los hilos de poder. Y, como veremos, desde el marxismo la idea de procura de democracia moderna- la representativa liberal, tal como se le ha conocido durante más de doscientos años- nunca existió. Por el contrario, la escasa alusión a la democracia se adjetiva como burguesa, contra la cual hay que ir para su eliminación e instauración de una nueva sociedad. Para decirlo enfáticamente, tomando recientes palabras de Casal (2011), “El Estado de Derecho no forma parte del ideario de proceso”.

Finalmente, la hipótesis formulada posee sus atenuantes. El proyecto político prefigurado por Chávez y sus acompañantes desde antes del intento de golpe el 4 de febrero de 1992, ha encontrado resistencias en el cuerpo social venezolano. Cuarenta años de democracia representativa, de ejercicio de libertades y libre asociación y vigencia de una división de poderes no se podían eliminar de manera fácil. Además, transcurrieron casi diez años de descentralización territorial de Estado, con el ejercicio legítimo de gobernadores y alcaldes electos por la población, lo que representó un haber en el avance democrático del país. Por esas razones, la tensión entre el proyecto político diseñado y el comportamiento de la sociedad ha estado presente, arrojando como resultado un mapa que no es el que exactamente persigue Hugo Chávez.

El trabajo, en ese marco, pretende mostrar la trayectoria que durante más de doce años ha seguido el régimen para eliminar la descentralización y minimizar la legitimidad de las instituciones y mandatarios territoriales, como parte fundamental del proyecto supremo representado en la concentración total de poder. Para tal propósito, el documento se ha elaborado según el siguiente esquema. En primer lugar, se discute sobre la herencia del federalismo en el proceso de descentralización que encuentra Chávez al llegar al poder en 1998. Seguidamente, se exponen las ideas centrales que han soportado las decisiones y acciones del régimen y que chocan contra todo rasgo de poder descentralizado. Posteriormente, se evaluará el camino hacia la re-centralización del poder del Estado en el período 1999-2011, que arriba a la abierta instauración del Estado Comunal por parte del régimen.

1. EL FEDERALISMO DESCENTRALIZADO VENEZOLANO

La vida republicana del país se ha caracterizado por una constante tensión entre ideas federalistas y centralistas. La primera Constitución, la de 1811, estaba regida por las nacientes ideas federalistas como fórmula para integrar las disgregadas provincias existentes, acostumbradas a vivir autónomamente (Brewer 1994). La fallida federación originaria, luego de un largo período de autocracias centralizadoras, desembocó en la cruenta Guerra Federal de 1859-1863. A partir de allí, el país transitó un inestable camino de autocracias caudillistas que culminaron con el período de integración nacional que impuso la larga dictadura de Gómez (1908-1935), quien consolidó el perfil centralista de la federación y que se convirtiera en rasgo fundamental del Estado que aún prevalece.

Las Constituciones de 1947 y 1961, si bien incorporan la tensión Federalismo-Centralismo, la resuelven a favor de la segunda tesis, quedando la federación como forma constitucional pero vaciando a las entidades federales de todo contenido. Sin embargo, esa tensión determinó la incorporación de una previsión en la Constitución de 1961, a partir de la cual sería posible la futura elección directa de los gobernadores de estado y la transferencia de competencias a estados y municipios.

Luego de casi tres décadas de aprobado el Texto de 1961, el parlamento acordó discutir las reformas que permitieran la descentralización territorial de la federación, en los términos que se entendía y se continúa entendiendo la idea de descentralización del poder del Estado universalmente: la autonomía política a través de elecciones, la autonomía fiscal y la autonomía administrativa en función de la transferencia o cesión de competencias a los entes subnacionales.

La descentralización venezolana se inscribió en el marco de los consensos sociopolíticos logrados en América Latina durante la década de los ochenta. Como se recordará, descentralizar el poder del Estado se convirtió, para muchos países, en un paradigma, sobre todo en aquellos que como Brasil, Argentina, Perú, Bolivia o Ecuador, transitaban un camino de vuelta desde férreas dictaduras militares hacia la democratización de sus sociedades. Las expectativas autonómicas de las elites y sociedades locales se transformaron en un medio para impulsar la institucionalidad democrática y modificar las relaciones Estado-sociedad. La promesa de distribuir beneficios por su intermedio, hizo de la descentralización un fenómeno cuasi-autónomo, con el cual todos los actores estaban de acuerdo, facilitándose el consenso sociopolítico para su aprobación.

Para 1983 nadie dudaba en Venezuela sobre la impostergable necesidad de reformar el Estado, certeza que condujo al consenso por la descentralización entre 1984-1989. La estrategia descentralizadora formó parte de las negociaciones entre los partidos políticos, la academia, la Iglesia, la sociedad civil, los empresarios y el liderazgo regional, actores representados en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE, institución creada en 1984 para intentar conjurar los elementos de crisis política que comenzaban a vivirse. Dicha estrategia, obviamente, se convirtió en una confrontación abierta contra el centralismo partidista imperante. Por ello, la reforma que se negociaría suponía la instauración de nuevos arreglos institucionales que normaran la relación de los entes federados con el poder central, lo que supondría el desarrollo de soberanías compartidas que en los esquemas de descentralización se encuentran sometidas a normas explícitas en la Constitución y las leyes (Affonso 1998)

Así entonces, en el marco de la Constitución de 1961, se aprobó en 1988 la elección directa, universal y secreta de los gobernadores, a la vez que se reformó la Ley de Régimen Municipal para crear la figura del alcalde y su elección. También se aprobó la Ley Orgánica de Descentralización en diciembre de 1989 que dotaba de competencias a los estados y luego, en 1993 y 1996, se promulgaron las leyes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales para entidades federales y municipios, respectivamente.

Las reformas aprobadas introdujeron una nueva lógica en el desempeño del Estado y del sistema político en Venezuela, estableciéndose contrapesos al poder central. Los estados y municipios incrementaron su participación en el ingreso público nacional desde un 17% en 1989, hasta un 29 % en 1998. A su vez, el incentivo de la descentralización indujo la movilización de las sociedades locales para su inserción en los beneficios que la reforma ofrecía (Mascareño 2000). Con los defectos de una cultura clientelar-rentista incrustada en el corazón del sistema político venezolano, la relación Estado-sociedad asistía a nuevas formas de interacción ciudadana a nivel territorial.

A lo largo de la siguiente década, el impacto de la reforma pudo constatarse en tres planos. En primer término, la elección directa, universal y secreta de gobernadores y alcaldes, alteró la dinámica del sistema político en lo respecta a la distribución y legitimidad del poder. Este fenómeno tendió a desagregar territorialmente el poder nacional, eligiéndose mandatarios provenientes de partidos políticos diferentes a los tradicionales AD y COPEI (Arenas y Mascareño 1997) cuya polarización se rompió en las elecciones de 1995. Las estructuras jerárquicas de estos se vieron obligadas a adaptarse al nuevo esquema de competencia electoral, originándose cambios en su seno en la medida en que las regiones tomaban importancia (Guerón y Manchisi 1996). Por su parte, el desarrollo de las competencias para administrar servicios, determinó nuevas características en las relaciones intergubernamentales, lo que abrió las puertas para relaciones de poder centro-provincias inéditas en la historia republicana. Así, el principio de subsidiariedad implícito, procuraría el acercamiento de los decisores a los ciudadanos y la recreación constante del federalismo (Parejo Alfonso 2000). Finalmente, las nuevas reglas fiscales lograrían incrementar la masa de recursos presupuestarios en manos de los entes territoriales, a partir de lo cual el ingreso territorial respecto al ingreso nacional pasó de un modesto 17% en 1998 antes de la descentralización al 28% en 1998 Esta trayectoria puede observarse en el  cuadro subsiguiente:

 

Ingreso territorial con respecto al ingreso nacional

(Porcentaje)

Año        Estados                Municipios                                        Total

_______________________________________________

1989      12,99                                   4,19                                     17,18

1990      15,35                                   3,32                                     18,67

1991      16,50                                   4,40                                     20,90

1992      12,96                                   4,40                                     17,36

1993      14,25                                   5,68                                     19,93

1994      15,91                                   5,30                                     21,21

1995      15,65                                   5,75                                     21,40

1996      18,27                                   3,96                                     22,23

1997      22,16                                   4,89                                     27,05

1998      20,01                                   8,38                                     28,39

____________________________________________________

Fuente: Mascareño 2000, Balance de la descentralización en Venezuela, PNUD

En definitiva, los procesos territoriales que implican descentralización de poder, generan dilemas políticos a partir de las relaciones entre los gobiernos nacionales y las colectividades territoriales que no garantizan el logro de equilibrios estables del poder. De allí que, la respuesta social definitiva, pasa a depender de la tradición y cultura política de la sociedad, en cada situación particular (Savy 1990). Esta afirmación queda de relieve en el devenir del caso que nos ocupa, pues, como se argumentara, el país ha regresado a un estadio de centralización durante el régimen de Hugo Chávez. Se trata de un dilema de ejercicio del poder en Venezuela que todavía no se resuelve. El desenvolvimiento de este dilema ocupa las páginas del resto del trabajo.

 

 

2. LA ESENCIA DEL GOBIERNO CHAVISTA: LA CONCENTRACIÓN DEL PODER

2.1. La democracia táctica

Hugo Chávez, finalmente, se declaró Marxista. En una alocución del 19 de diciembre de 2009 (www. Noticias24, 19-12-2009) y en su mensaje al Parlamento del 15 de enero de 2010 (El Universal, 16-01-2010, p. 1-1), el líder de la Revolución Bolivariana afirmó “Yo me he declarado marxista” y “Por primera vez asumo el marxismo”. Para muchos, esto no es sino otra chanza de las tantas del Presidente. Pero, cuidado con asumir esa declaratoria como una travesura. Ella forma parte de las ideas centrales que comandan la estrategia de toma del poder que viene operando en Chávez y su elite, desde antes del intento de golpe de 1992. La idea de democracia de Chávez nada tiene que ver con la que el mundo moderno occidental ha vivido. Esta idea clave, ha sido formulada con claridad recientemente por Jesús María Casal (2011), Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, cuando afirma que “El Estado de Derecho no forma parte del ideario de proceso”

Como con acierto lo señalara Garrido (2006), “es imposible comprender el significado del concepto “Democracia” en Hugo Chávez si se le desvincula de su relación con el Partido de la Revolución Venezolana-PRV-, brazo político de la guerrilla bolivariana que seguía a Douglas Bravo” (p.205). Chávez entró al PRV de la mano de su hermano, Adán, en 1980, en el marco de la captación de miembros de las Fuerzas Armadas que constituía una de las vías fundamentales del PRV para la fusión cívico-militar que tomaría el poder. De los distintos encuentros de Chávez con Bravo, el actual Presidente absorbió las tesis del antiimperialismo, la democracia directa, el cuestionamiento a la democracia burguesa, el abstencionismo, la emancipación continental y la que se constituiría en su principal arma propagandística: la tesis del Árbol de las Tres Raíces que giraba alrededor de las ideas de Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez (Op. Cit.).

Si bien Chávez se separa de Bravo en 1991, aquél continuaría su trayectoria con el ideario que había aprendido. Seis años después, transcurridos los intentos de golpe de 1992 y liberado de prisión, Chávez desechará al abstencionismo y entrará en la contienda electoral de 1998 para lo cual creó el Movimiento V República, ala electoral del Movimiento Bolivariano Revolucionario -MBR-200-. Adoptar las elecciones supuso una tensa situación al interior de MBR-200 en el cual, para abril de 1997, la tesis de Chávez de presentarse como candidato finalmente se impone. El argumento del Comandante fue el siguiente: “Seguimos en el mismo marco estratégico, pero creemos que meternos en(..) el terreno del enemigo, aceptando sus propias leyes (…) podemos acelerar (…) la estrategia hacia el poder (…) es decir, romper la historia” (Blanco 1998: 410).

Esa decisión tomó el nombre de “Ventana Táctica”, siendo que la democracia representativa era, para el sector revolucionario que acompañaba a Chávez, un movimiento táctico. De esta visión, Garrido (2006), muy acertadamente terminó acuñando el término de “Democracia Táctica” para definir lo que era el gobierno chavista.

2.2. La democracia en el marxismo

Si Chávez se declara marxista y ordena releer a Marx, es indispensable subrayar lo que para el marxismo según Marx era la democracia. En definitiva, esta es la que está en juego.

En Marx nunca existió una teoría normativa de la democracia (Vallespín 1998). En su obra sólo es posible encontrar ambiguas alusiones a la necesidad de una “democracia verdadera”, argumento que buscaba una implacable crítica a la “democracia burguesa”. Como se sabe, el problema central de Marx nunca fue la edificación de un modelo político alrededor de la defensa de la libertad individual sino, en otra dirección, la búsqueda de un modelo de sociedad basado en la naturaleza productiva de las acciones sociales. Por ello, las formas de representación que adquirían las democracias liberales de entonces, sólo formaban parte de un andamiaje de esa democracia burguesa que defendía los intereses de quienes detentaban los medios de producción.

Por esa vía de razonamiento, era lógico que Marx no estuviera interesado en las instituciones de la democracia burguesa, pues para él estas, precisamente, eran la fuente de la dominación social. Por ello, no podía creerse en los principios de libertad e igualdad de las constituciones liberales ya que los derechos solo son un velo de neutralidad de las clases dominantes (De Gabriel 1998). Esta idea se proyectó en los movimientos marxistas de todo el mundo hasta las postrimerías del siglo XX, razón por la cual siempre se opusieron a la incorporación de los valores de las democracias occidentales en sus proyectos políticos.

Por el contrario, Marx creía en la espontaneidad de las masas en la búsqueda de su bienestar general, acompañadas de la conveniente tutoría de un “gran legislador” que les enseñara el camino. Para esa “enseñanza a ser libres” sería indispensable, en consecuencia, la acción del partido a partir de lo cual el Estado sería sustituido por una nueva comunidad sustentada sobre el trabajo.

Esa formulación de una mejor sociedad- que no de un modelo de democracia-, terminará coincidiendo con las ideas de Rousseau en una de sus aristas: siempre será necesaria la presencia de una vanguardia que ejerza la tutela elitista para garantizar al hombre ser libre. Como se supo patéticamente después de la caída del muro de Berlín, aquellas sociedades que se habían autoproclamado como democracias populares habían terminado obedeciendo el mandato de la vanguardia de las elites. El partido suprimió toda forma de disidencia y de pluralidad social. El elitismo de la vanguardia amparada en las democracias populares actuaba  bajo el modelo leninista; desde allí, se denunciaba el elitismo del liberalismo y esa denuncia, por su atractivo, como lo advierte  Sartori (1994), ha tenido un éxito durable.

La defensa de la Democracia Participativa (y protagónica) del chavismo inspirada en los postulados marxistas adaptados por Bravo en su concepción de Democracia Directa, nada tendrá que ver entonces con la Democracia Participativa derivada de la crítica al elitismo formulada tempranamente por autores como Bacharac (1967), Pateman ( 1970) o Mc Pherson (1977). Estos respetaban el marco representativo en el cual se dirimían las diferencias por el acceso al poder. Por el contrario, el objetivo fundamental de los seguidores del Árbol de las Tres Raíces tendrá como fin último, la eliminación de la democracia representativa (Garrido 2006) y la instauración de una nueva sociedad.

En realidad, no se ha tratado de algo novedoso. En los setenta, los autores provenientes del marxismo, convencidos de que la vía insurreccional estaba derrotada en América Latina, planteaban que la recuperación de la democracia pasaba por la incorporación activa y protagónica de los sectores populares y que el carácter de sus demandas, que eran socialistas, tendría que compatibilizar las demandas democráticas con las demandas socialistas (Baño, Benavides, Falleto et. al 1978). Insistían en que la democracia se caracterizaba por la oposición al autoritarismo y, para ello, el Estado, para postularse como democrático, tenía forzosamente que incorporar el problema del socialismo  dentro de un proyecto nacional-popular viable en la región (Cortes 1980).

Dentro de aquélla matriz, la más ortodoxa para el momento, se fue abriendo paso desde la izquierda, cierta visión acerca de la necesidad e importancia de la democracia que obligara, paulatinamente, a replantearse los esquemas teóricos e ideológicos en el análisis político. Se reconoció cómo la conformación de múltiples y variadas organizaciones sociales en los setenta, se había convertido en un nuevo sujeto de la política. De allí que se imponía la necesidad de aprovechar las posibilidades que ofrecía la democracia liberal “para construir, transitando por ella, una alternativa revolucionaria de sociedad” (Pease 1983: 35). Se trataba, a todas luces, de una visión instrumental de la democracia liberal representativa la cual, sin más remedio, había que transitar para arribar al mundo socialista del futuro.

Nunca hubo pues una idea normativa de democracia dentro de la ortodoxia marxista latinoamericana; ella era, simplemente un medio que ofrecía el enemigo burgués y liberal, para acceder al poder. Había que asumirla, por lo tanto, como una Democracia Táctica.

2.3. Chávez en 1998: La vocación marxista-autoritaria que los electores no percibieron Para antes de las elecciones, ya era posible otear la verdadera vocación autoritaria del régimen que se asomaba. En un anticipado análisis de Arvelo (1998) editado en octubre, previo a las presidenciales, quedaba claro el origen y los propósitos de los tres grupos que apoyaban a Chávez. El primero estaba representado en las masas poblacionales desilusionadas de los partidos pero que creían en la democracia y la necesidad de mejorarla, masas que estaban dispuestas a expresar su voluntad popular a favor de Chávez, como en efecto sucedió, mediante elecciones legítimas y dentro del Estado de Derecho, respetando los controles mutuos de los poderes nacionales, estadales y locales, tal como había sido la tradición venezolana en las décadas anteriores. Para Arvelo, existía la convicción de que Chávez no estaba vitalmente comprometido con el pensamiento de este gran grupo y que, por el contrario, su inspiración fundamental, por nexos conceptuales e ideológicos, eran dos grupos de naturaleza estructuralmente no democráticos.

Uno de ellos era el sector abiertamente militarista opuesto a la salida democrática y con un núcleo original en los conjurados del Movimiento Bolivariano de los ochenta y noventa, núcleo al cual se agregaban los militares con vocación golpista. Su propósito  era, en definitiva, convencer a Chávez de tomar el palacio de gobierno el mismo día de las elecciones. Como sabríamos pocas semanas después, esta estrategia no fue la seleccionada por el luego designado Presidente de la República.

El tercer grupo era de clara vocación marxista-leninista, antidemocrática y militarista. Sin embargo, se diferenciaba del anterior porque ocultaba su naturaleza despótica. Su objetivo fundamental era la dictadura del partido único y, en ese sentido, el desplazamiento hacia aquél objetivo debería ser gradual hasta entrar en un sistema irreversible de partido único. Se trataba de una táctica de ocultamiento del pensamiento, a través del desdibujamiento y contaminación de metas, que permitiera instaurar un proceso indefinido que le resultara aceptable, sin generar desconfianza, a las grandes masas del chavismo popular democrático. Para transitar este camino, el Movimiento V República, había propuesto la organización de todo el pueblo en cada una de las instancias de su vida cotidiana, sin mediación de leyes, sin frenos, sin división de poderes. Se trataba, entonces, del ejercicio del poder en términos rousseaunianos, pero traducido en el poder absoluto convertido en el poder del partido. Para quién analice medianamente el acontecer venezolano desde febrero de 1999 hasta esta fecha, concluirá que la estrategia del tercer grupo, de gradualismo hacia la toma del poder total, es la que ha estado comandando las decisiones fundamentales del régimen.

Hace falta agregar un último elemento para mostrar el origen centralizador y autoritario del régimen de Chávez: los decretos que serían aplicados de salir triunfante el intento de golpe del 4 de febrero de 1992 (Op. Cit). Estos mandatos, elaborados por Kléber Ramírez, civil, ex comandante guerrillero de gran influencia en Chávez y su grupo, planteaban la instauración de una vengadora democracia popular presidida por un Consejo General Nacional encargada de recuperar “la salud pública del país” y conduciría la refundación de la República. En un solo acto, quedarían eliminados los gobernadores de estado electos, los alcaldes, las asambleas legislativas estadales y las cámaras edilicias, así como el parlamento nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el poder electoral en los estados. Es decir, no existiría ningún vestigio de contrabalance de poder ni nacional ni territorialmente. Por supuesto, los decretos no se aplicaron al salir derrotada la intentona golpista. Sin embargo, como veremos, los balances nacionales como el contrapoder territorial han ido siendo totalmente neutralizados en una clara ejecución de la estrategia de gradualidad de implantación del partido único y de la procura del poder total en la sociedad.

3. LA ASFIXIA DEL FEDERALISMO DESCENTRALIZADO VENEZOLANO

Si en algún plano del poder Chávez ha aplicado la estrategia gradualista, es en el del poder territorial. No hay funcionarios que desagreguen más el poder que los gobernadores y alcaldes electos por la población, pues ni los miembros del Tribunal Supremo de Justicia ni los del Consejo Nacional Electoral, se sustentan en esa legitimidad que proviene directamente del pueblo a través del sufragio. Quizá por tan importante motivo, el ataque a la división de poderes con miras a la concentración del poder ha sido más fructífera en estas últimas instituciones, las cuales han quedado sometidas a los designios del líder único de la Revolución Bolivariana, más no así en el caso de gobernaciones y alcaldías. De esta manera, el contrapeso del poder vertical del Estado ha sido sometido a un camino más largo y complejo que combina la asfixia financiera y de competencias con los ataques verbales, el amedrentamiento institucional, la persecución legal y hasta el maltrato físico en los últimos tiempos.

Se trata de una trayectoria que no termina de disolver los poderes de gobernaciones y alcaldías, aunque ha avanzado sustancialmente en esa vía. Ese camino puede dividirse en varias períodos cuyas características y contenidos han dependido del momento político que ha vivido el régimen, en función de los cuales han emergido estrategias diferenciales en procura del objetivo último de disolución de los poderes. A los efectos del presente trabajo, se asumen tres períodos: el primero, asociado al inicio del gobierno, la Constituyente  y puesta en práctica de la nueva Constitución. Un segundo, ubicado en la relegitimación de los poderes y claro avance del régimen en la concentración del poder, que corona con la captura de 23 de 25 gobernaciones de estado en las elecciones de 2004 y del parlamento en las elecciones de 2005. Y la tercera, a partir de la reelección de Chávez en 2006 y su intento abierto de cambio constitucional para adaptar los poderes del Estado a su proyecto concentrador; allí, se abrió una línea de acción denominada la construcción de una nueva geometría del poder, relacionada con el poder territorial y la instauración de una nueva visión de poder comunal por encima de gobernaciones y alcaldías las cuales, finalmente, serían desplazadas. Esta última etapa no culmina. Se ha venido alimentando con tanteos refrendarios y se someterá a prueba en las próximas elecciones parlamentarias de 2010. En ese orden, se exponen los momentos por los que ha atravesado la descentralización del federalismo venezolano.

3.1.  Inicio del juego: ¿cómo se hace una tortilla sin romper los huevos?

El gobierno de Chávez heredó una situación en la cual el poder había comenzado a desagregarse territorialmente, por lo que sería necesario desarrollar capacidades de convivencia para mantener dentro de límites manejables las relaciones intergubernamentales y la existencia de soberanías compartidas con los intereses regionales y locales. Además, habiendo aceptado competir electoralmente, con mayor rigor era desechada la tesis de algunos compañeros militares, como se anotara con anterioridad, de asaltar el poder y disolver las instituciones. Si a él se le había reconocido su legitimidad electoral, mal podía comenzar desconociendo la legitimidad de los únicos funcionarios públicos electos además del Presidente, los gobernadores y alcaldes. Ante una realidad democrática como esa, se imponía la aplicación de la táctica de ocultamiento del pensamiento a través del desdibujamiento y contaminación de metas, con lo cual se pudiera instaurar un proceso indefinido que no  generara desconfianza a las grandes masas del chavismo popular democrático y también al resto de la sociedad. Sin embargo, ello no implicaba el reconocimiento abierto de las instituciones preexistentes; había que atacarlas para horadar su prestigio ante la población.

Así, el camino que condujo desde el inicio de gobierno de Hugo Chávez en febrero de 1999 hasta la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de ese año, transcurrió en un ambiente abiertamente hostil al proceso descentralizador. Al arrancar, el Presidente dio muestras de una actuación animada por el desideratum de la re-centralización. Múltiples fueron las tensiones con los gobernadores, legisladores regionales o con aquellos que se pronunciaban partidarios de una República Federal. El Gobernador de Aragua, Didalco Bolívar, partidario del presidente Chávez, renunció a la Presidencia de la Asociación de Gobernadores cuando se iniciaba la actual gestión, al entender que poco o nada se podría avanzar en el proceso del Federalismo Cooperativo que proponía ( El Universal 30/1/99, p.1-17). Por su parte, el Coronel Francisco Arias Cárdenas, compañero de Chávez en la intentona golpista de 1992 y factor fundamental en la alianza de 1998, siendo gobernador reelecto del estado Zulia, daría un paso atrás al observar con preocupación los primeros síntomas de re-centralización. Arias Cárdenas anunciaba “una rebelión cívica contra la ofensiva centralista del Presidente”,  luego de que Chávez, en un largo discurso la noche del 25 de marzo de 1999, se había referido en tono duro a los gobernadores, anunciándoles que suspendería el flujo de dinero a las regiones. Arias respondería diciendo que “corremos grave riesgo si se trata de frenar el proceso. Ningún estado podrá soportar una vuelta al modelo centralista (…)” (El Universal, 28/3/99, p. 1-10)

Mientras tanto, la verdadera agenda territorial se orientaba hacia un modelo de “Descentralización Desconcentrada”, impulsada desde el Ministerio de Planificación y Desarrollo, basado en un plan de inversiones centralizado que se ejecutaría en ejes de desarrollo (MIPLANDES 2001; El Universal 4/01/00, p. 1-4). El mismo se efectuaría a través de las Corporaciones Regionales, instituciones centralizadas que, si bien habían cumplido su papel en la década de los 70, estaban desfasadas respecto a la nueva realidad territorial. También era importante en este esquema, la creación en 1999 del Plan Bolívar  y del Fondo Único Social, instrumentos institucionales con los que el  gobierno intentaría centralizar y ejecutar los recursos para los programas sociales, sin que ello implicara coordinación alguna con las instancias descentralizadas y, por el contrario, se apoyaría en la creación y reforzamiento de estructuras militares y civiles en estados y municipios para la ejecución de los recursos en cuestión (Del Rosario y Mascareño 2002 ).

A la par que el nuevo Presidente propugnaba situaciones de tensión contra las autonomías regionales, el régimen chavista, soportado por el pacto cívico-militar que le llevó al poder, apuraba el escenario para la elección e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, instrumento que sería el primer paso para introducir cambios estructurales en la dirección deseada. La misma sancionó la Constitución el 17 de noviembre, aprobándose mediante referéndum el 15 de diciembre de 1999.

Es indispensable conocer el pensamiento que poseían los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente sobre la descentralización para prefigurar cuales serían las tendencias prevalecientes. En un estudio efectuado por El Universal (03/08/99; p. 1-10), se revelaba la composición de las opiniones en la Asamblea respecto del tema. Apenas el 31% de los miembros del MVR, se asumieron descentralizadores y un 19% se declaró abiertamente no descentralizador, quedando una amplia franja de 50% de asambleístas indefinidos. La mayoría de los asambleístas pro-gobierno (predominantes en la Constituyente), se declararon en contra de la autonomía de los gobernadores y optaban por proclamar la autonomía de los alcaldes: 46% se oponía a la autonomía de los gobiernos intermedios mientras que el 85% aupaba la de los municipios. Era claro, de esta manera, como la nueva elite prefería eliminar el contrapeso de los gobiernos intermedios y entenderse con un poder diseminado entre la mayor cantidad de alcaldes, contraviniendo el espíritu federal prevaleciente. El nuevo consenso suponía una visión del territorio radicalmente diferente al consenso de los ochenta, basado en un esquema axiológico-ideológico que buscaba separarse del pensamiento político que le precedió.

Esa Asamblea aprobó una Constitución que refrendó el carácter federal y descentralizado que ya tenía la República y previó instituciones que podrían, a futuro, contribuir con la profundización del proceso de descentralización, como eran el Consejo Federal de Gobierno, los Consejos Estadales, los Consejos Locales, la Hacienda Pública Estadal y un Fondo de Compensación Territorial.

No obstante lo anterior, el texto constitucional expresaba contradicciones en relación al espíritu federal que declaraba. Por una parte, se eliminó el carácter bicameral del parlamento, desapareciendo el Senado de la República y la representación territorial equitativa. Al respecto, es conveniente recordar que en el federalismo como concepto y como filosofía de organización del poder, la representación territorial en el órgano deliberante y formador de leyes es una condición la distribución del poder, como norma que intenta preservar la presencia activa de las entidades federales en las decisiones nacionales (Elazar 1990 y García Pelayo 1991). En otra vertiente, al Situado Constitucional se le aplicó un máximo de 20%, con lo cual se desmejoraba el 20% mínimo que habían alcanzado las entidades federales y los municipios en 1994. Obviamente, nada garantizaría que el Ejecutivo Nacional mantuviera la transferencia del 20% y que, por el contrario, tendiera a bajar el Situado progresivamente, como en efecto sucedió.

En ese sentido, la Constitución de 1999 no representaba un avance en materia de descentralización. Por el contrario, su contenido, a pesar de la retórica federalista, suponía un retroceso a juzgar por algunas de las medidas allí contenidas: la restricción de la autonomía de estados y municipios al ser regulada por ley nacional; la eliminación del Senado de la República e imponer un parlamento unicameral; la regulación de los parlamentos regionales mediante ley nacional; interferencia de la autonomía municipal; eliminación de competencias exclusivas de las entidades federales; sujeción de todas las materias concurrentes a leyes de base nacionales y la vulneración del Situado Constitucional, principal fuente de ingresos territoriales.

Con este telón de fondo, el nuevo eje del consenso de la elite gobernante sería la participación del pueblo, concepto que se le antepondría al de democracia representativa y, por ende, al de descentralización del Estado. En efecto, declararía un funcionario del Estado venezolano  en el gobierno de Chávez que “…nuestra democracia representativa, debemos modificarla hacia una democracia participativa…es decir, al lado del gobierno institucional crear el gobierno popular” (Álvarez et. al. 2000; 174). El enfoque presente en este razonamiento, es la presencia de mecanismos de consulta ciudadana que superen la representación política. En consecuencia, figuras como la de gobernador de estado o legisladores provinciales dejan de tener importancia en el ideario revolucionario. Se instala una nueva visión del poder según la cual, piensa el nuevo bloque en el poder, el liderazgo probo y conocedor de las necesidades del pueblo, le acompaña a lo largo del territorio para la solución de sus problemas. Por ello, la idea de participación atraviesa literalmente al texto constitucional de 1999.

No cabe duda de que una nueva visión territorial se instaló en Venezuela. Por ello, la manera de concebir la descentralización a partir del consenso de 1984-1989 no existe más. Habrá que comprenderla con lentes diferentes, bajo el convencimiento que lo que rige el asunto es un abierto proceso de concentración del poder.

3.2. La relegitimación y el desarrollo constitucional desdibujan los poderes territoriales

Luego de la religitimación de los poderes en la elección de agosto de 2000 que Chávez ganó con facilidad y de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, se suponía que el Federalismo Descentralizado anunciado en la retórica del Texto, entraría en vigencia progresivamente. Sucedió todo lo contrario.

En primer lugar, la principal institución de relaciones intergubernamentales prevista, el Consejo Federal de Gobierno, no logró instrumentarse. Varios fueron los anteproyectos de Ley sin que se incorporaran en la agenda del gobierno. En marzo de 2001, el Ejecutivo deseaba imponer la propuesta elaborada por la Vicepresidencia, proyecto según el cual el Consejo pasaría a ser un administrador  de los fondos territoriales de Venezuela; tal exabrupto encontró la mayor de las resistencias en el parlamento y en los gobernadores y alcaldes (El Nacional 22/3/01, p. E-1; Tal Cual 27/3/01, p. 3). También es importante recordar que el único  momento en el cual el Presidente ha convocado en pleno al Consejo, aún sin Ley de creación, fue luego de los acontecimientos del 11 de abril del año 2002, cuando el gobierno, presionado por la crisis desatada, llamaba al diálogo nacional. Aquella reunión se pareció a las viejas Convenciones de Gobernadores, en las cuales hablaba el Presidente y algunos de sus ministros sin contrapeso de las regiones, tanto que varios gobernadores no asistieron y otros dejaron oír sus reclamos contra la asfixia centralizadora que se vivía. Posteriormente, una nueva Ley del Consejo fue presentada por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional, habiendo sido aprobada en primera discusión de la Asamblea Nacional el 28/11/02. El texto quedó en reposo y solo fue distribuido el 29/03/05 para la segunda discusión. La aprobación nunca procedió.

Un segundo rasgo de evasión de la descentralización es el referido a los instrumentos fiscales previstos, los cuales nunca fueron discutidos. Por un lado, el Fondo de Compensación Inter-territorial, vinculado al Consejo Federal, no se sancionó. Por el otro, la Ley de Hacienda Estadal no logró el consenso necesario para su aprobación y urgente implantación. Es evidente que, si bien el parlamento había elaborado el respectivo anteproyecto de Ley, el Ejecutivo ofreció grandes resistencias para avanzar en este camino.

En materia de competencias no se produjo ningún avance. Por el contrario, fue evidente su involución. Al no implantarse un mecanismo que, como el Consejo Federal, facilitara la negociación entre niveles de gobierno, cada instancia central decidió lo que creía conveniente. En consecuencia, la situación de las competencias y servicios retrocedió, encontrándose casos de organismos públicos centrales, como el Ministerio de Salud, que amenazaron con reasumir competencias que ya estaban negociadas mediante convenios entre la República y las entidades federales.

La resultante de esta inercia ante el mandato constitucional, fue el represamiento de los recursos de los estados y municipios a nivel central. Desde el año 1999 los gobernadores y alcaldes se quejaban profundamente de tal situación. El Gobierno Central jugó con los créditos adicionales de fondos que por Ley  de Situado Constitucional correspondían a los territorios. Más de 6000 millones de dólares era la deuda acumulada del ejecutivo nacional con los territorios venezolanos para el 2004 (El Nacional 19/6/04, p. A 22). De esta manera, la participación de los ingresos de estados y municipios en el presupuesto nacional que había logrado ascender hasta el 28,4% en el año 1998, disminuyó  hasta el 21% en el 2004, tendencia que retrocedía a los entes territoriales a niveles que se creían superados y que harían insostenible la operatividad de las estructuras de gobierno descentralizadas.

Paralelamente, la concentración de poder administrativo en manos del Ejecutivo Nacional, continuaba su marcha. Dos elementos se agregaron al largo expediente del Plan Bolívar y del Fondo Único Social, regentados por cuadros militares afectos al presidente. El nuevo ministro de vivienda del país, anunció el plan de vivienda llamado “Misión Vivienda”. Para ello, se requirió un censo de demandantes que por “defecto” de la administración pública, sería efectuado por las guarniciones militares en cada entidad federal (El Mundo 8/9/04, p.2). Por su parte, la coordinación de la misión Barrio Adentro deportiva, denunciaba que los gobernadores de oposición se resistían al programa el cual ubicará 6200 entrenadores cubanos. En consecuencia, habían tenido que introducir la misión por la vía de las alcaldías afectas al régimen (Tal Cual 10/9/04, p. 18).

Evidentemente, la existencia de gobernaciones y alcaldías en manos de líderes de oposición, representaba un claro obstáculo para los propósitos del régimen. También lo era la presencia de opositores en el Parlamento Nacional. Sin embargo, coherente con la estrategia gradualista o de Democracia Táctica, Chávez trazó el camino para capturar ambas instancias de poder por la vía de las elecciones. Para ello, era necesario controlar al árbitro electoral y al Poder Judicial. Ambos objetivos fueron logrados aplicando la mayoría simple que el régimen tenía en el parlamento. Así, en el año 2003, el nuevo Consejo Electoral, CNE, fue designado con mayoría abierta del chavismo. Con este andamiaje, Chávez ganó el Referéndum Revocatorio del año 2004.

Triunfante el Presidente y disminuida y desgastada la oposición, el líder bolivariano ganó las elecciones regionales del 31 de octubre de 2004, utilizando una estrategia que representaba un uso abusivo de los recursos del ejecutivo, así como del control del órgano electoral y de los mecanismos de cedulación. Era una vieja aspiración de la “revolución”: en el aniversario del fallido golpe de estado del 4 de febrero de 1992, Chávez expresó con claridad que “vamos a obtener un triunfo aplastante en las elecciones para gobernadores y alcaldes el 28 de mayo. La revolución debe tomar el control de todos los gobiernos regionales” (El Universal 4/2/00, p. 1-2). El chavismo se quedó con 21 de las 23 gobernaciones de estado y con 236 de las 334 alcaldías del país. Diez gobernadores, a su vez, eran militares retirados que, en su mayoría, formaban parte del grupo golpista de 1992.

La certeza en la captura del poder total, llevó a Chávez a convocar una masiva reunión con sus alcaldes y gobernadores recién electos a los efectos de instruirlos, de manera directa, sobre los pasos que deberían dar en adelante, en lo que se denominó  “el nuevo mapa estratégico” de la revolución. En esta reunión, efectuada en el Teatro de la Academia Militar de Venezuela el 12 de noviembre de 2004, Chávez intentó alinear a los alcaldes y gobernadores alrededor de la lealtad a la revolución bolivariana. Para ello, varias fueron las exigencias y advertencias formuladas por el Presidente. En primer lugar, pidió al Vicepresidente de la República, abrir un libro de control a cada gobernador y cada alcalde para anotar “los puntos positivos y negativos que yo le diga y los que usted mismo vaya consiguiendo por el camino”. En segundo término, les advirtió a los mandatarios territoriales que “aunque no puedo destituir a alcaldes ni a gobernadores, si puedo hacer otras cosas ¿no? Quiero que sepan que en esta nueva etapa el que está conmigo, está conmigo, el que no está conmigo está contra mí”. Acto seguido, les exigió a los gobernadores y alcaldes incorporarse a los ejes de desarrollo territorial y les pidió a los ministros presentes en la reunión facilitar la incorporación de los mandatarios territoriales en los planes del gobierno central. A la vez, cada uno de ellos debería crear “núcleos de desarrollo endógenos”, como nueva unidad de inversión territorial. Finalmente, al despedirse, el Presidente les dijo: “Disciplina, disciplina. No se hacen revoluciones sin unidad de mando”. Los gobernadores y alcaldes chavistas, la gran mayoría del país, habían perdido la mínima autonomía que les confería, formalmente, el haber sido electos en su territorio. En adelante, deberán estar al servicio de la revolución y a los designios de su líder, el Presidente de la República (Harnecker 2004).

La ocupación de los espacios institucionales continuó su marcha triunfal cuando el Tribunal Supremo de Justicia, finalmente, terminó en manos de Chávez: en diciembre de 2004 la Asamblea Nacional, aplicando su mayoría simple, nombró 12 magistrados afectos a la revolución adicionales a los 20 existentes, capturando una mayoría holgada que le permitiría, en adelante, controlar las decisiones neurálgicas del poder. Esta faena fue coronada con el triunfo electoral chavista en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005. La oposición, muy debilitada y fragmentada, se retiró de la contienda llamando a la abstención. Chávez aprovechó aquél error y conformó un parlamento a su imagen y semejanza: los 167 parlamentarios electos eran afectos a la revolución. La Democracia Táctica continuaba funcionando. La Asamblea no discutiría más sobre el federalismo descentralizado de la Constitución. La descentralización se convertiría en un espectro que se asomaría con alguna luz, de nuevo, en las elecciones regionales de 2008.

3.3. Desplazamiento del poder regional por el poder comunal: camino hacia la Nueva Geometría de Poder

Para el año 2006, Chávez había logrado una de las mayores concentraciones de poder que mandatario alguno hubiese tenido en la historia republicana del país. En lo que a la descentralización concierne, habida cuenta de que casi todos los mandatarios territoriales electos estaban bajo su control y, en consecuencia, dependían de sus decisiones, el ingreso  de estados y municipios descendió a un ínfimo 17% en 2006, semejante al existente en 1989 antes de iniciarse la descentralización (Mascareño 2007). Con tan importante activo, el Presidente fue a la campaña de 2006 y ganó su re-elección con suma facilidad.

A partir de este momento, se hizo explícito el objetivo a lograr en materia territorial: la Nueva Geometría del Poder. Este se inscribía dentro de los “Cinco motores del socialismo de siglo XXI”, propuesta lanzada el día de la juramentación para el nuevo período presidencial el 10 de enero de 2007. Este concepto representaba la manera como Chávez y su régimen concebían la distribución del poder en la geografía, lo cual suponía una revisión político-territorial del país. Para ello, sería necesario crear un sistema de ciudades federales y territorios federales transitorios, que le darían paso a un sistema de vida comunal donde no hicieran falta las juntas parroquiales, las alcaldías ni los Consejos Municipales, sino el Poder Comunal (Arenas 2007). Una manera de avanzar en esta propuesta, podía ser sobre la base de los Consejos Comunales y de consolidarse, se derrumbaría definitivamente el proceso de descentralización venezolano (Op. Cit), como contrapeso vertical del poder. Los Consejos Comunales habían sido creados según Ley aparecida en la Gaceta Oficial del 18-05-2006. Los mismos tendrían como función, según el artículo 2°, constituirse “como instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permitan al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas….”. Si bien esta iniciativa perseguía ampliar el espectro de participación poblacional, su nacimiento contenía el signo del régimen: serían vehículo ideal para la concentración del poder. Los recursos para su funcionamiento dependerían de la discrecionalidad de poder central y al estar obligados a inscribirse en una oficina destacada en la Presidencia de la República, estarían bajo la línea de control directa de Hugo Chávez. Se trataba de un mecanismo de participación centralizada que facilitaría la conexión directa de líder con las masas que reclamaban su acceso directo a la renta (Mascareño 2007).

Con la confianza que le inspiraba su triunfo del 2006, Chávez impulsó el referéndum para reformar la Constitución, reforma que estaría inspirada en los Cinco Motores del Socialismo del Siglo XXI y encerraba su aspiración de reelección indefinida. En esa reforma, la unidad primaria de organización territorial serían las comunas, soporte del nuevo Poder Popular que sería creado para fundar el Estado Socialista venezolano. Este poder, instaurado sin mediar elección alguna, expresaría el autogobierno de las ciudades a través de los Consejos Comunales, de obreros, campesinos, estudiantiles y otros (Arenas 2008-b). Como se sabe, Chávez fue derrotado en su pretensión de imponer una reforma que era inconstitucional. El 2 de diciembre de 2007, la propuesta no logró la mayoría deseada, creándose un paréntesis en el afán concentrador que conectó con las elecciones regionales que se celebrarían en noviembre del 2008.

Las elecciones se efectuaron precedidas de una arremetida autoritaria contra los líderes de la oposición-inhabilitando a través de la Contraloría nacional varios de los potenciales candidatos triunfadores- y de un desmedido ventajismo en el uso de los recursos del Estado. Aún así, Chávez no salió victorioso de esta contienda. No en la medida a la que aspiraba. Perdió los principales estados y capitales de país. Y a pesar de que numéricamente, el chavismo logró el 76% del poder regional, simbólicamente perdió los principales espacios, aquéllos dónde se genera la opinión política de país: Caracas, Zulia, Carabobo y Miranda; además, había perdido Táchira, entidad federal dónde se ubica la frontera más activa de país y una de las más vivas de América Latina y Nueva Esparta, el principal destino turístico. Como bien lo precisa Luís Vicente León, el presidente, a pesar de que había ganado numéricamente, “no tenía nada que celebrar” “Los elementos estratégicos de esta elección iban más allá de ganar la mayoría de las gobernaciones y alcaldías…la simbología es no solo importante sino fundamental. Chávez sabe que no importa ganar si los demás no sienten que él lo controla todo, que es invencible…Necesitaba ganar…para lavar su cara frente a la derrota del referéndum y no lo consiguió” (El Universal, 30-11-2008, p 1-4).

¿Cuál sería la opción para enfrentar la presencia de cinco gobernadores de estado ubicados en territorios estratégicos del país y de un alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas que le haría evidente contrapeso? La respuesta era previsible: había que contrarrestar su poder, por los medios que fuesen necesarios. Y esa es la realidad que se vivió a lo largo del año 2009: Gobernadores y alcaldes asediados desde el poder central, menguados de recursos y perseguidos políticamente, logrando la salida de país de uno de los principales líderes de la posición, Manuel Rosales, ex -alcalde triunfante de la alcaldía de Maracaibo y ex – candidato presidencial unitario en las elecciones del 2006.

El año 2009 pasará a la historia del país como uno de los momentos más oscuros en contra de la descentralización del Estado. Ha sido el año del arrebato de los pocos poderes territoriales que quedaban en pié y que eran producto de una elección legítima. Como lo ha advertido Vecchio, “durante este año, la Asamblea Nacional ha sido utilizada para montar un cerco contra los estados y municipios” (El Universal, 13-12-2009, p. 4). Un resumen de los desmanes legislativos cometidos es como sigue:

367. Reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, en función de la cual se despojan los estados de la administración de puertos, aeropuertos, carreteras y autopistas (Gaceta oficial 367.984/ 17-03-2009). Adicionalmente, para que no quedaran dudas, se incluyó un nuevo artículo que autoriza al ejecutivo nacional a revertir “por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias conferidas a los estados, para la conservación y aprovechamiento de los bienes y servicios considerados de interés público nacional”. Como se podrá apreciar, lo que había significado una difícil reforma constitucional en 1989 al aprobarse la transferencia de competencias a estados y municipios, hoy quedaba supeditada al capricho de quien detenta el poder central. A partir de esta última disposición, las entidades federales quedan vacías de contenido, tal como eran en los tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Con razón, el historiador Pino Iturrieta había sentenciado que “La aspiración de Chávez es devolvernos al gomecismo” (El Nacional, 11-05-2008, P.4).

Es necesario destacar como en las siguientes semanas luego de la aprobación de esta reforma, la Fuerza Armada Nacional, cual fuerza de ocupación de territorio enemigo, acompañada de un despliegue televisivo que agigantaba la gesta revolucionaria, tomó las instalaciones de los puertos y aeropuertos del país. Ningún gobernador podía hacer resistencia a aquél brutal avasallamiento. Se reiniciaba la historia que se creía superada.

39. Luego de una refriega desmedida, con despojo de la sede la Alcaldía Metropolitana a su alcalde electo, se aprueba la Ley Especial sobre Organización y Régimen del Distrito Capital (Gaceta Oficial 39.156, 13-4-09). Así, a la alcaldía metropolitana se le sustraen sus competencias y recursos, que pasan a ser administrados por una autoridad designada por el Presidente de la República. Posteriormente, el 26 de agosto se sanciona la Ley de Régimen Municipal de Dos Niveles, según la cual se le señalará al alcalde mayor electo lo que puede y no puede hacer. De esta manera, la alcaldía metropolitana, figura prevista en la Constitución aún vigente y con una autoridad legítimamente electa, perdió el 90% de sus recursos y fue despojada de sus activos (El Universal, 13-12-2009, p. 4)
40. El 9 de julio de ese año, se publicó en la Gaceta Oficial 39.217, la Ley que deroga la designación de los contralores estadales por parte de la legislatura estadal. Estos pasan a depender directamente del Contralor Nacional, figura afecta al régimen y que hace el trabajo sucio de inhabilitar a los líderes de la oposición con posibilidades de triunfo.
41. La arquitectura institucional que legaliza la re-centralización del Estado, fue rematada con la aprobación el 15 de diciembre en el parlamento de la Ley del Consejo Federal de Gobierno, figura que ha terminado siendo un medio para la eliminación de la descentralización. Juan José Molina, uno de los escasos diputados disidentes en el parlamento, diría que se “declaró la muerte de la descentralización”.(www.Noticiero Digital,16-12-2009).

 

3.4 El Consejo Federal de Gobierno (CFG) como instrumento para eliminar la federación: los contrasentidos de la revolución socialista

Como se indicara anteriormente, el gobierno de Chávez estaba en mora con la Constitución y su espíritu federal en tanto que en sus casi doce años de vida, no había promovido la creación de la figura del CFG previsto en el artículo 185° del Texto. Cualquiera podrá sostener que, por fin, este régimen está cumpliendo con una vieja aspiración. Sin embargo, en concordancia con la estrategia revolucionaria de ocultamiento y alteración de objetivos para imponer metas revolucionarias, el gobierno terminó creando un CFG que viene a cumplir un rol absolutamente contrario a lo previsto en la Constitución en materia de consolidación de la federación.

La Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5.963 de 22 de febrero de 2010. El principal objetivo del ente será, según el artículo 1°, la coordinación de la transferencia de las competencias entre los entes territoriales –léase gobernaciones y alcaldías-, y a “las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado”. Se trata de un vaciamiento programado y legal de las estructuras territoriales que soportan a la descentralización, que conducirá a una Nueva Geometría del Poder cuyas bases son las aludidas organizaciones que detentan el poder originario. En consecuencia, el Consejo deberá, según el artículo 2°, planificar y coordinar la transferencia de atribuciones de los entes territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular. Este poder, que aún no existe ni cuenta con entidad jurídica, sería el depositario del poder territorial de país.

Una nueva división territorial centralizada serán los Distritos Motores de Desarrollo. Los mismos serán creados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros (Art. 6°) “…con la finalidad de… “lograr el desarrollo integral de las regiones y el fortalecimiento del Poder Popular, en aras de facilitar la transición al socialismo (cursivas nuestras)”

¿Quiénes son las organizaciones del poder popular? Según su artículo 4°, son “Los Consejos Comunales, las Comunas y cualquier otra organización de base del Poder Popular”. Téngase en cuenta que ni las Comunas ni el Poder Popular son figuras sociales o territoriales existentes en ninguna ley y, sobre todo, en la Constitución.

Finalmente, no satisfechos con el  presidencialismo autocrático vaciado en los anteriores artículos, rematan la Ley estableciendo en su artículo 14° que el Consejo (solo) propondrá al Presidente de la República las transferencias de competencias y servicios desde los entes territoriales hacia el Poder Popular. A su vez, propondrá (solo) al Presidente de la República las modificaciones para la eficiencia de la organización político-territorial de los estados. Con suma razón, Chávez declaró que la Ley del Consejo Federal era “tremenda”  (El Universal, 20-12-2009, p.1-6).

Días después y con gran celeridad, el 9 de marzo del mismo año fue publicado en la Gaceta Oficial n° 39.382, el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Es allí donde se expresa con total claridad la visión de actual gobierno sobre lo que debe ser el Federalismo venezolano es decir, su Nueva Geometría de Poder. Por su profunda importancia y el impacto que ello está teniendo en la tensión sociopolítica venezolana, desplegaremos un conjunto de definiciones sin las cuales el lector, sobre todo aquél que no vive el día a día de  los sucesos del país, no comprendería las tendencias territoriales.

En su artículo 1°, el Reglamento establece el objeto del CFG el cual, entre otros elementos, tendrá el de impulsar el régimen de transferencia de competencias hacia las comunidades y otras organizaciones de base del poder popular, sin hacerse mención alguna a estados y municipios. Es decir, ya en el léxico del gobierno revolucionario comienza a desaparecer el mapa del federalismo histórico venezolano.

Así, en su empeño de imponer el proyecto socialista, aparecen en el artículo 3°- como salidas de la nada, pues nada de ello es constitucional-, una lista de definiciones que pretenden establecer el catecismo del nuevo federalismo. Algunas son las siguientes:

“Federalismo: Sistema de organización política de la República Bolivariana de Venezuela…para la construcción de la sociedad socialista (…)

“Descentralización: Política estratégica para la restitución plena de poder al Pueblo Soberano, mediante la transferencia paulatina de competencias y servicios (…)

“Transferencia de competencias: Proceso a través del cual las entidades territoriales restituyen al Pueblo Soberano, a través de las comunidades organizadas y las organizaciones de base del poder popular, las competencias (…)

“Sociedad Organizada: Constituida por consejos comunales, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras, comunas y cualquier otra organización de base del Poder Popular debidamente registrada en el Ministerio de Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana (cursivas nuestras)

“Comuna: Es un espacio socialista definido por la integración de comunidades vecinas(…) (cursivas nuestras)

“Socialismo: El socialismo es un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de las necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación de valor de trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la Suprema Felicidad Social (…)

En definitiva, el CFG se ha constituido en un instrumento para crear y fundamentar un Estado paralelo que, como lo advierte el constitucionalista Gerardo Blyde, “irá asfixiando al Estado Constitucional, federal y descentralizado…estos textos atentan contra la división política-territorial existente en Venezuela y persigue otros fines: la muerte de la descentralización y la imposición inconstitucional del Estado Central (El Universal, 14-11-2010, p4)”.

No se trata de una modificación o un capricho cualquiera. Representa el logro de unos de los objetivos más ansiados de la revolución: meter bajo cerrojo a uno de los pocos poderes legítimos y autónomos que quedaban en la República.

4. EL DESTINO DEL PODER TERRITORIAL VENEZOLANO

4.1. El permanente tanteo del régimen

La guinda en la carrera chavista hacia la concentración total del poder la colocó Aristóbulo Istúriz, Ex -ministro de Educación del régimen y ex alcalde de Caracas en los noventa, cuando en su discurso de celebración de los diez años de la Constitución, emitió dos sentencias lapidarias. La primera, “Hay que desbaratar los poderes públicos y sustituirlos por un Estado comunal”, traduce con claridad la verdadera estrategia del régimen en su camino de largo plazo hacia la sociedad comunista. La segunda, arropada en la sombra de la primera aludió directamente al fin de la descentralización y la federación venezolana: “Los mejores gobernadores y alcaldes serán aquellos que primero desbaraten las gobernaciones y alcaldías (…) y transfieran competencias y poderes a los consejos comunales” (Psuvelhatillo,Blogspot, 16-12-2009).

 

Muy de prisa, Chávez, teniendo siempre clara la estrategia de ocultamiento de los objetivos que tantos resultados le ha dado, declaró matizando aquéllos destemplados pero sentidos anuncios. Al respecto, realizó cabriolas para decir que Aristóbulo no dijo lo que dijo y que se trataba, más bien, de cumplir el espíritu de la Constitución vigente ¿A quién se le puede ocurrir que nosotros vamos a acabar con las alcaldías (…) las gobernaciones? Se trata de que ellas sean parte del proceso socialista y parte del gobierno nacional.

 

Casi un año más tarde, el 17 de noviembre del 2010,  Istúriz reiteró su llamado a eliminar a las gobernaciones y las alcaldías (Diario TalCual,20/10/2011; p5). De nuevo el Líder de la Revolución, en su conocido programa Aló, Presidente, del día domingo 31 de octubre de 2010, afirmó: “esa es una opinión suya. El debe aclararlo porque eso no es verdad. Al contrario, voy a reforzarlas, aún a aquéllas de oposición (cursivas nuestras)”.

¿En realidad existió una confrontación entre Istúriz y Chávez? ¿Son propias las palabras del ex   ministro? Por supuesto que no. Dentro del régimen nadie puede emitir declaraciones tan gruesas sin ser defenestrado. Ese contrapunteo señala otra orientación: el chavismo continúa con el tanteo del terreno para ver cuál es el mejor momento de imponer a rajatabla su Nueva Geometría del Poder y desaparecer el federalismo histórico, con lo cual desaparecerían estados y municipios y, con ellos, gobernaciones y alcaldías. Ante cada declaración de Istúriz, la sociedad democrática defensora del federalismo  y la descentralización, ha reaccionado con contundencia, mostrando que un atrevimiento como ese tendría un alto costo político para el régimen. Esto le ha quedado más claro a Chávez, luego de haber sido derrotado en las recientes elecciones parlamentarias del 27 de septiembre en las cuales, a pesar de haber obtenido 98 diputados y la oposición 67 (producto de la manipulación de los circuitos electorales por parte del gobierno y en connivencia con el árbitro electoral), el oficialismo perdió sorpresivamente la mayoría calificada (2/3 partes) necesaria para aprobar leyes orgánicas y las 3/5 partes para aprobar leyes habilitantes.

Mientras tanto, en la materia territorial, el régimen ha mantenido su estrategia de restringir la transferencia de recursos a los estados y municipios. Ha sido la norma desde el año 2006, momento desde el cual el presupuesto nacional se ha calculado sobre la base del barril de petróleo a $ 40 mientras que el verdadero precio de la canasta petrolera ha sido superior. En el 2006 fue de 56, 3%, de 64,74% en el 2007, 86,49 en el 2008 y 57,02 en el 2009 (El Universal, 5-1-2010, p. 1-1) ¿Qué repercusión posee esta medida sobre las regiones? Es sencillo. El Poder Nacional se apropia de recursos que pertenecen a las regiones pues, de acuerdo a la disposición constitucional, el Situado a distribuir se calcula sobre la base de los ingresos ordinarios reales del fisco y no sobre lo estimado en el presupuesto. Ya es una costumbre que el diferencial quede en las arcas de la Presidencia de la República, instancia cuyo manejo de los fondos resulta simplemente inauditable. De allí que el verdadero ingreso territorial es apenas del 17%, muy similar al preexistente antes de la descentralización en los ochenta. Se trata de una decisión de política fiscal absolutamente fuera de la Constitución que se ha hecho norma sin contrapeso alguno. La evolución del ingreso territorial venezolano, entendido como la proporción de los ingresos reales manejados directamente por estados y municipios respecto a los ingresos nacionales, se puede apreciar en el siguiente gráfico:

 

 

 

El gobierno aprobó en el parlamento la Ley de Presupuesto para el año 2011 que incorpora nuevos conceptos de asignación de recursos no previstos en la Constitución. Así, obliga a la transferencia de recursos, bienes y servicios a las Comunas y no a las gobernaciones y alcaldías, por la vía del Consejo Federal de Gobierno. Como ya se ha dicho esa figura es inconstitucional, pero el régimen se empeña en imponer su Nueva Geometría del Poder, a pesar de que esa propuesta fuera derrotada en la consulta nacional de diciembre de 2007. Los gobernadores de oposición, por su parte, mantuvieron una presión sobre la decisión que se pretendía: “El presupuesto para el 2011 es una burla”, afirmó Capriles Radonski, gobernador del Estado Miranda, el segundo en población del país (El Universal, 25/10/2010, p1-2). Por su parte, el gobernador del estado Carabobo, Salas Feo, recién denunció que el gobierno nacional, a través del presupuesto 2011 eliminará a su antojo a las entidades federales y municipios al menos 5.400 millones de Bolívares fuertes (alrededor de $1.250 millones) (Tal Cual, 17-11-2010, p.4).

4.2. El Estado Comunal: las leyes del poder popular (diciembre 2010-marzo 2011)

Los parlamentarios del régimen chavista abordaron, por fin, el espinoso tema del Poder Popular. Al estatizarse los Consejos Comunales, y demás unidades de base del Poder Popular y subordinarlos directamente al Presidente, se confisca la sociedad por el Estado, consagrándose   la corporativización del  cuerpo social. Es el camino para sustituir la democracia representativa y se predetermina una forma organizativa desde el Estado que aspira al emplazamiento de la “democracia directa” como una obligación constitucional (Arenas 2008-a).

Finalmente, Chávez presenta lo que será la sociedad ideal: aquélla conducida por un Estado Comunal que elimina todo tipo de contrapesos de poder e instaura una relación directa de los pobladores (que no ciudadanos) con el líder de régimen y el partido que le secunda. De eso se trata. Así, el parlamento que feneció el 4 de enero de 2011, procedió a aprobar, en apenas tres meses, la batería de leyes que no se habían atrevido a sancionar en los cinco años anteriores: había que darle piso jurídico a los verdaderos objetivos de la revolución.

Se ha tratado, como lo sostiene Brewer (2010), de un continuo fraude a la Nación, a través del montaje de un Estado paralelo que no existe en la Constitución. Este montaje se sustentará en los siguientes instrumentos, además del mencionado CFG: La Ley del Poder Popular; la Ley de las Comunas; la Ley del Sistema Económico Comunal; La Ley de Planificación Pública y Comunal; la Ley de Contraloría Social; la Reforma de la Ley del Poder Municipal y la aprobación en primera instancia del Sistema de Transferencias de Competencias y Atribuciones de los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder Popular.

Esta madeja de disposiciones sin basamento constitucional, es la definición de un Estado Socialista por el cual nadie ha votado, y que tiene como eje la Ley omnicomprensiva del Poder Popular pues este concepto se aplica repetidamente a todas y a todo, representando una pieza de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.

Cuando se dice, en el artículo 2° de la Ley Orgánica del Pode Popular, que “El Poder Popular es el ejercicio pleno de la soberanía de pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional(…) a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado Comunal   (Resaltado y cursivas nuestras) , y al estar presente este concepto como premisa en el resto de las leyes, no puede caber duda alguna de la pretensión de la instauración de otro Estado que no es el consagrado en la Constitución, que es Federal descentralizado, Democrático y Social de derecho y Justicia.

Como claramente lo ha definido Brewer (2010), tratándose de un fraude a la Nación, el Estado Comunal  procurará “ahogar y secar al Estado Constitucional, comportándose como en botánica lo hace el árbol Ficus benjamina L., …, conocido como “Matapalo” que puede crecer “estranguladora”, como epifito, rodeando al árbol huésped hasta formar un tronco hueco, destruyéndolo” (22). En definitiva, la voluntad popular expresada en la elección de representantes del Estado Constitucional no tiene valor alguno y al pueblo se le confisca su soberanía trasladándola de hecho a unas asambleas que no lo representan ob. cit, 23).

Bajo esta concepción, el federalismo descentralizado es un absurdo, un sin sentido. En consecuencia, debe ser secado hasta su desaparición.

5. ¿HACIA DÓNDE SE ENCAMINA EL FEDERALISMO VENEZOLANO EN LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI?

Evidentemente, Venezuela vive una intensa tensión alrededor de su proyecto territorial. Se enfrentan dos concepciones con gran peso sociopolítico cada una. La del gobierno, procura establecer una división territorial basada en las comunas como remate de la arquitectura del proyecto socialista; su debilidad radica en que es inconstitucional y el chavismo desea imponerla a partir del control de los poderes nacionales. Muestra de ello, es la reciente eliminación del nivel parroquial de gobierno, instancia legítima a través del voto popular, para instaurar unas parroquias con autoridades designadas en segundo grado a partir de las Comunas y Consejos Comunales. En el otro polo, las fuerzas democráticas de la oposición, en función del avance que han logrado en los dos últimos años con las victorias en las elecciones regionales y parlamentarias, poseen hoy el músculo político necesario como replantear el juego de poder de país, y en eso se encuentran.

Con el inicio de la nueva gestión parlamentaria el 5 de enero de este año 2011, se comenzó a escribir una difícil historia que conducirá a la elección presidencial de diciembre de 2012, en la cual el Presidente Chávez pretende reelegirse por segunda vez. Si lo logra, gobernaría a Venezuela por seis años más, llegando a veinte (1999-2018) y, con ello, consolidaría la Nueva Geometría del Poder. Si el escenario le es adverso, la oposición retomaría el proyecto del Federalismo descentralizado contemplado en la Constitución de 1999.

Como se podrá concluir, el mapa federal de país está dependiendo de los acontecimientos de los dos años venideros. En este documento sólo se asoman dos de los posibles escenarios que servirían de marco a dicho mapa, pero la realidad será más compleja. Creemos que el espíritu federal y descentralizado forma parte de la cultura política venezolana; por lo tanto, cualquier alteración de sus bases históricas derivará en costos sociopolíticos no predecibles. Cualquier afirmación al respecto caería en el terreno de la especulación y va más allá de las posibilidades de este trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Libros, artículos y otros documentos

Affonso, Ruy (1998). O processo de descentralizacao na America Latina: dilemas e perpectivas, Jornadas de Reflexión sobre el proceso de descentralización en Venezuela, PNUD/CEPAL, Caracas, mimeo.

Álvarez, Ángel; Pérez, Magali; Dahdah, Said y Szentiks, Cristina (2000).   “¿Qué es la democracia para los líderes venezolanos? Un estudio de los consensos y disensos entre los venezolanos influyentes en torno a la democracia”. Politeia, Nº 25, Instituto de Estudios Políticos, UCV, Caracas, pp. 161-186

Arenas, Nelly (2007). Poder reconcentrado: el populismo autoritario de Hugo Chávez, Politeia, n° 39, vol. 30, Instituto de Estudios Políticos, UCV, pp. 23-63.

Arenas, Nelly (2008-a). El gobierno de Hugo Chávez: de la Asamblea Nacional Constituyente a la propuesta de Reforma Constitucional. Documento presentado en el Seminario “Buen gobierno, populismo y justicia social”, FLACSO, México, marzo.

Arenas, Nelly (2008-b). “El gobierno de Hugo Chávez: democracia, participación y populismo”, en  Venezuela ¿Más democracia o más populismo?, D. Avaro, D. Vázquez (comp.), Flacso Uruguay- Distribuendum, México, pp. 15-124.

Arenas, Nelly y Mascareño, Carlos (1997). “Descentralización y partidos políticos en Venezuela”, Cuadernos del Cendes, Nº 35, mayo-agosto, Caracas, pp. 35-54.

 Arvelo Ramos, Alberto (1998). El dilema del chavismo. Una incógnita en el poder, J. A. Catalá editor, Caracas.

Bachrach, Peter (1967). The Theory of democratic elitism: A critique. Little Brown, Boston.

Baño, Rodrigo; Benavides, Leopoldo; Falleto, Enzo et. al. (1978). Movimientos populares y democracia en América latina. Documento de trabajo nº 77-78, FLACSO, noviembre, Santiago. Mimeo.

Blanco Muñoz, Agustín (1998). Habla el Comandante, UCV.

 

Brewer Carías, Allan (1994). “Bases legislativas para la descentralización política de la Federación centralizada (1990: el inicio de una reforma)”, en: Leyes y reglamentos para la descentralización política de la federación, Colección textos legislativos Nº 11, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, pp. 7-53.

Casal, Jesús María (2011). El Estado de Derecho no forma parte del ideario de proceso. Entrevista. El Nacional, Siete días, 6/02, p.4.

Consalvi, Simón Alberto (2010). 2010, sin espacio para autocracias, Siete días, El Nacional, 3/01, p. 5.

Cortés, Antonio (1980). “El rol político de las clases medias”, Nueva Sociedad, nº 49, pp. 20-29.

De Gabriel, José A. (1998). “La crítica elitista de la democracia”, en  La democracia en sus textos, Rafael del Águila, F. Vallespín y otros, Alianza Editorial, Madrid, pp. 197-210.

Del Rosario, Helia; Mascareño Carlos (2002). “Las relaciones intergubernamentales en el marco de la descentralización venezolana”, en: Sonia Ospina y Michael Penfold (editores), Gerenciando las relaciones intergubernamentales. Experiencias en América latina, Editorial Nueva Sociedad/NASPAA, Caracas, pp. 21-58

Elazar, Daniel (1990). Exploración del federalismo, Editorial Hacer, Fundació Rafael Campalans, Colección federalismo, Barcelona.

 García Pelayo, Manuel (1991). “Derecho constitucional comparado”, en: Manuel García Pelayo. Obras completas, Tomo I, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pp. 223-734.

Garrido, Alberto (2006). “Democracia Táctica”, en Democracia siglo XXI, IZEPES, Maracaibo, pp.205-214.

Gómez, Emeterio (2009). El autodestructivo, El Universal, 3 de mayo, p. 4-6.

Guerón, Gabrielle y Manchisi, Giorgio. 1996. “La descentralización en Venezuela: balance de un proceso inconcluso”, Ángel Álvarez, ed., El sistema político venezolano: crisis y transformaciones, 353-406, UCV, Caracas

Harnecker, Marta (Editora) (2004). Intervenciones del Presidente el día 12 de noviembre del 2004 en la reunión sostenida con gobernadores y alcaldes en el Teatro de la Academia Militar, Caracas.

Magdaleno, John (2009). Entrevista con Roberto Giusti, El Universal, 16 de agosto, p.1-2.

 Mascareño, Carlos (coord.) (2000). Balance de la descentralización en Venezuela: logros, limitaciones y perspectivas, Editorial Nueva Sociedad /PNUD/ILDIS, Caracas

Mascareño, Carlos (2007). “El federalismo venezolano re-centralizado”, Provincia, Universidad de Los Andes, n° 17, enero-junio, pp. 11-22.

MacPherson, C.B. (1977). The life and Times of Liberal Democracy, Oxford University Press, Oxford.

 MIPLANDES (2001). Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, Caracas.

Olivares, Jorge; D’Elia, Yolanda; Cabezas, Luis (Coord.)(2009). En defensa de la descentralización, ILDIS-CONVITE.

Parejo Alfonso, Luciano (2000). “El Estado social y administración prestacional”, Revista Vasca de Administración Pública, n° 57, mayo-agosto, pp. 17-47.

 Pateman, Carole (1970). Participation and Democratic Theory, Cambridge University Prees, Cambridge.

Pease García, Henry (1983). “Vanguardia iluminada y organización de masas”, Nueva Sociedad, nº 64, enero/febrero, pp. 33-38.

Peraza, Arturo (2009). Entrevista por Adriana Rivera, Siete Días, El Nacional, 29 de noviembre, p.4.

Pino Iturrieta, Elías (2008). Entrevista por Gloria Bastidas, El Foro del Domingo, El Nacional, 11 de mayo, p.4).

Pino Iturrieta, Elías (2009). Dios y Federación, El Universal 21de marzo, p.1-7).

 

Sartori, Giovanni (1994). ¿Qué es la democracia?, Altamir ediciones, Colombia.

Savy, Robert (1991). “Relaciones entre el gobierno central y las colectividades territoriales”, en La descentralización y las autonomías territoriales. La experiencia internacional, COPRE, Caracas, pp. 233-244

Vallespín, Fernando (1998). “El discurso de la democracia radical”, en La democracia en sus textos, Rafael del Águila, F. Vallespín y otros, Alianza Editorial, Madrid, pp. 157-173.

 

Hemerografía impresa y digital

El Mundo 8/9/04

El Nacional 22/3/01

El Nacional 19/6/04

El Nacional, 31/12/2009

El Nacional, 5-1-2010

El Universal 30/1/99

El Universal, 28/3/99

El Universal 03/08/99

El Universal 4/01/00

El Universal 4/2/00

El Universal, 30-11-2008, Eugenio Martínez.

El Universal, 13/12/2009, “Cerco a las Regiones”.

El Universal, 20-12-2009

El Universal, 3-1-2010

El Universal, 5-1-2010

El Universal 6-1-2010

Tal Cual 27/3/01

Tal Cual 10/9/04

WWW.Noticiero Digital, 16-12-2009

WWW. Noticias24, 19-12-2009).

Psuvelhatillo, Blogspot.gob.com, 16-12-2009

Documentos oficiales

Gaceta Oficial  367.984, 17/03/2009

Gaceta Oficial 39.156, 13/04/2009