Publicado originalmente en Agosto, 2013

Documento preparado para el Instituto Metropolitano Taller Caracas Alcaldía Metropolitana de Caracas. 2013. 

INTRODUCCIÓN

En el fondo de las realidades metropolitanas “exitosas”, existen bases sociopolíticas que soportan los acuerdos y las decisiones que día a día se toman sobre la ciudad.

Ellos no son acuerdos notariados que firman los actores y la población. Son, sobre todo, acuerdos normativos sobre grandes valores de comportamiento social. A esto, algunos autores lo denominan con el nombre de “cosmovisiones axiológico-ideológicas” (1). Otros autores hablan del nivel de la cultura política sobre la cual se construyen los modelos que orientan la sociedad hacia fines y valores democráticos. Se trata de valores colectivos, asumidos como ciertos y normales y que nadie cuestiona como válidos. Afirman Bobbio y otros (2), que el consenso supone la existencia de un cierto acuerdo acerca de principios, valores, normas y deseabilidad de objetivos de una comunidad, así como sobre los medios para lograrlos. Por su complejidad, los consensos totales son improbables, por lo que es más conveniente hablar del grado de consenso logrado y no necesariamente de su presencia o ausencia.

Esta disquisición posee más importancia de la que se le otorga. Esos valores u orientaciones normativas son, digámoslo así, el elemento que mantiene unida la multiplicidad de decisiones que se suscitan a cada momento en la sociedad, basadas en la legitimidad de la norma que las rige. Cuando dicho cemento es frágil, se resquebraja o, sencillamente, se fractura (3), las decisiones también se hacen frágiles o se fracturan. Y el todo social se comporta erráticamente, hasta, a veces, llegar a la anomia.

¿Qué tiene que ver este discurso con la gobernabilidad de las Áreas Metropolitanas? Mucho. Las AM son “seres vivos” dependientes del comportamiento social colectivo de un país. Son una concentración social compleja en un territorio determinado, pero su ritmo, su dirección, obedece a la estructura de valores normativos que guían a la sociedad en su conjunto.

Como se dijo al inicio, las metrópolis “exitosas” poseen elementos comunes que permiten definirlas como tales. Ciertamente, sobre ellas se dice que poseen una cierta gobernabilidad, o que la gobernabilidad está bajo control. Como sabemos, no existe gobernabilidad buena o mala. O se puede medir el porcentaje que de ella existe. Este es, por el contrario, un equilibrio inestable que se construye día a día; se negocia a cada instante, pero dentro de valores preestablecidos y acatados por todos los participantes del juego social, lo que impide que se salgan del cauce. Para comprender mejor este asunto y, sobre todo, derivar lecciones prácticas, comentaremos algunos casos de áreas metropolitanas que han acusado un sostenido manejo de la gobernabilidad. Veamos que pasó allí.

AMÉRICA LATINA

BOGOTÁ

Un ejemplo claro y cercano de construcción de gobernabilidad metropolitana es Bogotá. Quienes conocieron esa Metrópoli antes de 1991 recordarán a una ciudad desintegrada, con servicios públicos precarios, con transporte colectivo insoportable, insegura y, en general, sin gobernabilidad. Luego de dos décadas, Bogotá es otra: una metrópoli en pleno desarrollo y atractiva para las inversiones. ¿Qué sucedió? Algo sencillo: luego de la Asamblea Constituyente de 1991, la nueva Constitución previó mecanismos para la descentralización y administración de las ciudades colombianas (4). Ese pacto ha sido respetado por todas las fuerzas políticas, de derecha, del medio o de izquierda. Y a la ciudad de Bogotá, en consecuencia, se le ha dotado de una base institucional sólida que hace que cada alcalde metropolitano electo, cuente con la legitimidad y poder necesarios para administrar ese complejo entramado urbano. Cada alcalde metropolitano aplica el criterio de continuidad administrativa en los grandes proyectos, mientras que las Juntas de Administración Local, veinte en total, hacen su trabajo para mejorar los servicios locales.

La historia política de Colombia pesa a la hora de evaluar el caso de Bogotá. Es un país dónde ha existido un Pacto democrático desde el siglo XIX y una alineación con los valores del mercado. Los proyectos políticos que han intentado oponerle resistencia a esta estructura normativa, han fracasado. Bogotá es reflejo de una renovación, de un refrescamiento, de esa base normativa. Pero enmarcado en la actualización de visiones que se nutren del pensamiento que sobre la necesaria gobernabilidad democrática se ha venido imponiendo en el mundo académico y político, en el mundo entero. Visión que, a su vez, se entremezcla con las nuevas perspectivas sobre la inserción de las metrópolis en el mercado global, alrededor de lo cal también ha habido acuerdo social de las elites dirigentes.

Pacto por la gobernabilidad fue la idea clave. ¿Fue fácil en Bogotá? Por supuesto que no. Fue y es complicado y tenso. Los alcaldes municipales y los administradores locales siempre están en tensión con el Gobierno Metropolitano (5). Pero, sin embargo, hay una condición que los mantiene unidos y remando hacia un solo norte: un acuerdo social y político para que la metrópoli sea cada vez más integrada, regida por normas e instituciones que todos respetan y, en definitiva, la aplicación de mecanismos de participación, concertación y negociación que involucra a todos los actores estratégicos, sin exclusión, en un ambiente democrático.

LIMA METROPOLITANA

Todos recordarán el colapso sociopolítico de Perú en los ochenta, luego de iniciada la democracia. Venía Perú de un largo tiempo de dictadura, que manejó al país dentro de esquemas desarrollistas. Luego se devolvieron sus errores. Lima era, para esos ochenta, una conglomeración urbana quebrada y colapsada, con severos problemas de inseguridad, agravados por el terrorismo que había llegado a la ciudad. Era Perú, además, un digno heredero del centralismo Virreinal. La discusión sobre la descentralización del poder, aunque se había asumido con fuerza en los setenta, las reformas posteriores evadieron la implantación de un nuevo modelo de Estado. Esta evasión se prolongaría demasiado, hasta comienzos de los años dos mil, desfasando al Perú del resto de Latinoamérica.

Lo que había sido una agradable ciudad, antes de ser metrópoli, con una herencia colonial inigualable, había entrado en la barrena del crecimiento ingobernable, dentro de una prolongada crisis de legitimidad del sistema político.

La crisis de legitimidad condujo al autoritarismo anti-político de Fujimori. Y aunque en los diez años del “chino” el país comenzó a entrar en un acuerdo alrededor del mercado como valor de la economía (en contra de los tiempos de la hiperinflación populista de Alan García), el país no encontraba un piso para un nuevo pacto alrededor de los valores democráticos.

Gracias a la caída de Fujimori, Perú retomó la discusión sobre la descentralización y logró, en el año 2001, un consenso por esta reforma. En noviembre de 2002 se eligieron los primeros presidentes regionales (6). 

En ese consenso se incluyó la elección de la Autoridad de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Esta autoridad pasaría a tener competencia sobre toda la Provincia de Lima, que encerraba cuarenta y tres distritos con sus respectivas autoridades. Se trató de una municipalidad especial dentro del departamento de Lima, pues encerraba la Capital. Hoy la Alcaldía rige la Región Metropolitana con una Asamblea consultiva conformada por los cuarenta y dos alcaldes Distritales y veintinueve representantes de la sociedad civil.

La legitimidad de las autoridades regionales y locales electas en 2002, conferida por un amplio consenso nacional que permitió reformar la Constitución y echar a andar un nuevo proyecto nacional descentralizado, ha hecho que la institución del alcalde metropolitano se fortalezca. En el año 2007, a la Municipalidad Metropolitana se le otorgó la categoría de Región, con lo cual el alcalde Metropolitano de Lima pasó a ser presidente regional.

El consenso alrededor de manejo integrado de Lima se mantiene. En el 2013 se firmó el Acuerdo por Lima, liderado por su alcaldesa (7). Sus servicios han mejorado y su perfil competitivo acusa incrementos significativos, de acuerdo con el ranking de América Economía. ¿Problemas? Muchos. La permanente sensación de inseguridad y el caos vehicular limita el crecimiento y consolidación de la metrópoli, a la vez que se está lejos de controlar la dispersión de los asentamientos urbanos, frágiles y con déficits de servicios. Y, a pesar de ello, los inversionistas la privilegian para sus actividades. Para ellos es una buena noticia que exista una autoridad con la cual entenderse, que exista un clima de seguridad de la inversión y que sea posible contar con espacios para el acuerdo.

SANTIAGO DE CHILE

Desde el punto de vista político-administrativo, el Área Metropolitana de Santiago agrupa 34 comunas de las 52 que existen en la Región Metropolitana. Allí reside más del 90% de la región. A Santiago se le conoce por ser una de las metrópolis con mayor dispersión urbana, sobre todo a partir de la eliminación del límite urbano en 1979. Aunque en Plan regulador Metropolitano de 1994 definió de nuevo los límites, ya era un hecho la incorporación progresiva de las comunas periurbanas con megaproyectos residenciales.

La dispersión urbana creciente se hizo incontrolable sobre todo por la existencia de un sistema de gobierno multinivel que posee un poder central que designa al Intendente de la región y múltiples gobiernos locales electos que incrementan la descoordinación metropolitana. Así, Santiago es una de las pocas metrópolis que no cuenta con un gobierno propio; su administración depende de la acción de múltiples administraciones. Aunque, de forma determinante, las principales intervenciones a través de proyectos urbanos las conduce el gobierno central (8).

Aún y con las dificultades de gobierno, Santiago se encuentra entre las principales metrópolis latinoamericanas para la localización de inversiones. Según el “Ranking de “Ciudades latinoamericanas para la atracción de inversiones 2012” (9), Santiago ocupa el primer lugar seguida de Sao Paulo. Los indicadores principales han sido la inseguridad y la sobre-explotación del mercado urbano.

¿Qué hace que Santiago, con un sistema de gobierno hiper-centralizado pero a la vez descentralizado-disperso, con problemas de descoordinación intergubernamental, sea, a su vez, atractiva para la inversión?

Sin lugar a dudas, se trata de la existencia de un “clima institucional envidiable”. Ciertamente, el inversionista y el habitante de Santiago se desenvuelven dentro de normas claramente establecidas que, aunque supongan lentitud burocrática, ofrecen seguridad jurídica y procesal. Es un incentivo que hace de cualquier ciudad un foco de atracción.

Un “clima institucional envidiable” no es producto de la magia o la improvisación. Chile posee una de las tradiciones republicanas y democráticas más dilatada de Latinoamérica, junto a Costa Rica, Colombia y Uruguay. Si bien su historia se encuentra plagada de los comunes autoritarismos oligárquicos de la historia latinoamericana, la chilena es una sociedad que ha creado instituciones estables. La interrupción democrática del golpe militar de 1973 no impidió que, pasados quince largos años, Chile lograra un proceso de concertación que todavía es ejemplo para el mundo.

No estuvo en la base de ese nuevo Pacto la descentralización. La tradición republicana unitaria era más fuerte. Más, sin embargo, su ausencia ha estado compensada por ese “clima institucional envidiable”.

De nuevo un Pacto soportado por valores democráticos, vuelve a estar en la base de funcionamiento de una metrópoli. Democracia, mercado y libertad individual son parte de la cultura que es sustancia de las decisiones que fluyen, invisiblemente, en Santiago.

PAÍSES DESARROLLADOS

LONDRES

No cabe duda de que Londres, junto a París, representa un icono de las metrópolis deseables en Europa y en el mundo. Como toda concentración humana, posee una historia con más de 2000 años de permanente cambio y adaptación, con problemas y retos que suponen alteración constante de sus formas de gobierno, con conflictos entre los niveles de gobierno que compiten en su espacio, pero, al final, Londres funciona. Es una de las metrópolis con mayor atractivo turístico y centro financiero de planeta.

En 1965 fue creada la Gran Londres, configuración urbana que unió 4 condados hasta entonces administrativamente separados. Funcionó durante dos décadas bajo un sistema de gobierno de doble nivel: la Corporación del Gran Londres y 32 concejos de distritos. En 1986 fue abolido, en el marco de un abierto y prolongado conflicto entre el poder central, en manos de Margaret Thatcher, y el Consejo del Gran Londres. Muchas de sus competencias fueron asumidas por el gobierno central o por juntas mixtas con los municipios. Durante catorce años, Londres no tuvo un cuerpo único de administración.

Las reformas de la Thatcher que redefinieron el papel del estado Británico, impactaron la dinámica urbana. Era posible encontrarse entonces con ciudades otrora pujantes, convertidas en espacios fantasmas, como sucedió con Liverpool.

Pasado el tiempo de las reformas liberales de los conservadores y redefinido el papel del estado, Londres recobró su gobierno metropolitano, ahora con un nuevo perfil. El partido laborista, liderado por su primer ministro Tony Blair, lanzó una campaña para una nueva autoridad metropolitana. En el documento “Un alcalde y una Asamblea para Londres” (10), propusieron el tipo de gobierno que requería la capital. Tras un referéndum en 1998 y la aprobación parlamentaria en 1999, fue electo en el 2000 Ken Livinsgton alcalde de Londres, cargo que ejerció hasta el 2008.

El nuevo modelo de gobierno (11) supuso la figura de alcalde con amplias competencias sobre la metrópoli y una Asamblea que lo controlaría. Se trataba de un esquema similar al de la mayoría de las metrópolis de USA. Inicialmente, la autoridad tuvo bajo su competencia el transporte público de Londres, la policía, los bomberos y emergencias y la Agencia de desarrollo. En 2005 se agregaron las de tratamiento de desechos sólidos, planificación, urbanismo y desarrollo de aprendizajes y habilidades.

Debajo de la Autoridad, están 32 consejos de distritos, encargados de servicios locales que prestan directos a la población. Además, por supuesto, están las intervenciones del gobierno central a través tanto del esquema de financiamiento como de proyectos especiales. Es una realidad compleja, no exenta de conflictos. Pero Londres, dentro de los parámetros utilizados para considerar la gobernabilidad metropolitana, es gobernable.

Laboristas y conservadores han incidido en el gobierno y configuración de Londres. Cada uno con un concepto sobre el grado de intervención del estado en los asuntos públicos. El régimen parlamentario inglés hace que la deliberación pública sea una cultura ciudadana que, aunque genera permanente conflicto, crea una dinámica de resolución de conflictos propensa al acuerdo.

La sociedad inglesa ha vivido varios siglos alrededor del consenso de la democracia parlamentaria, vigorosa por demás. Pero también ha sido capaz de pactar sobre el estado de Bienestar de Postguerra, liderando su construcción en Europa. Ese Estado de Bienestar está en crisis; pero nuevos acuerdos se asoman y negocian, a la sombra de la Comunidad Europea. En este marco de estabilidad institucional, transcurren las decisiones para el manejo de la complejidad metropolitana de Londres.

NEW YORK

Para poder entender la lógica del sistema de gobierno de New York y de las metrópolis norteamericanas, es menester discernir sobre el Pacto Fundacional que subyace en el sistema de gobierno y las políticas públicas de ese país.

Si el constitucionalismo anglosajón de Inglaterra llama su atención por no tener constitución escrita, es consuetudinaria, el de EE. UU. también es foco de atención por su estabilidad: luego de la Constituyente de Filadelfia de 1787, que produjo la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, no ha existido ninguna otra. Una sola Constituyente y una única Constitución en 236 años. Ella, la Constitución, posee sus propios mecanismos internos para reformarse cada vez que las circunstancias lo exigen. Como lo afirma Toinet (12), se trata de un sorprendente ejemplo de adaptación al cambio.

En el Pacto Fundacional, el único existente, se encuentra la base para comprender el gobierno de las ciudades: predomina la idea de Federación según la cual, los Estados fundacionales cedieron parte de sus competencias a la federación (poder central); los Estados, a su vez, determinan el espacio de actuación de las unidades menores (condados y municipios) y establecen la Carta (charter) que delimita el territorio y la estructura de gobierno y poderes del municipio. En consecuencia, el gobierno de cada ciudad está claramente delimitado por la Ley de cada estado de la Unión. Es una especie de cascada jerárquica de doble juego: se impone el sistema de gobierno, pero, luego de ello, se respeta su “destino”. La carta de New York, por ejemplo, es tan compleja de tiene varios cientos de páginas, en las cuales se detalla desde el funcionamiento policial hasta el tipo de multas que la ciudad puede percibir; desde la educación, hasta la reglamentación sobre los jardines municipales (13). La Federación es un gigante mecanismo centralizado de control que, a su vez, otorga autonomía al ciudadano en su libre albedrío. Un sistema muy complejo que funciona basado en el rígido respeto a las reglas.

Dentro de ese marco se ha desarrollado New York. Es un caso atípico dentro del espectro de metrópolis antes citadas. Esta no se ha subdividido. Apenas hay 5 municipios en un territorio donde viven 21 millones de habitantes. Pero el gobierno de New York se encuentra en las manos de un sólo alcalde desde 1988. 

Antes de ese año, New York tenía cinco autoridades cada una en las cinco Comunas (boroughs) de la ciudad: Manhattan, Bronx; Brooklyn; Queens y Staten Island. Cada Comuna elegía un presidente Comunal con poderes limitados con pequeños presupuestos para obras locales (14).

La complejización del sistema “New York” condujo a una reforma hacia la centralización: cada Comuna pasó a depender jerárquicamente de una sóla autoridad, el alcalde NY, electo desde 1988. Esta reforma procedió dentro de los límites que le otorga la Constitución a los estados y estos a sus municipios, dentro de las “Cartas” municipales. Por decirlo de alguna forma, New York adquirió, hace 25 años, unidad de mando. Y NY funciona.

ORESUND

En los límites entre Suecia y Dinamarca emergió un área metropolitana de más de dos millones de habitantes (15). Este fenómeno se localiza en el estrecho de Oresund a lo largo del Báltico, en el sentido Norte – Sur, donde se unen los dos países. Se le denominado una “región urbana transnacional”, instalada alrededor de las ciudades de Copenhagen, Malmö y Lund. Esta zona ha servido de territorio de intercambio comercial entre ambos países durante siglos. Y en 1991 los gobiernos decidieron construir un puente rodo-ferroviario de 16 kilómetros entre sus territorios para fortalecer el desarrollo conjunto de las ciudades y su conexión internacional, ya que el puente permite la accesibilidad directa al nuevo aeropuerto de Copenhagen. Así, se unieron Suecia y Dinamarca.

La estrategia utilizada fue clara: aunar esfuerzos sobre la base de infra-estructuras de transporte, para que los dos países fomentaran una política de cooperación transnacional de ordenación territorial en esta región metropolitana. 

Este tipo de reformas comenta Florentino, resulta de difícil implantación dentro de un solo país. De hecho, si se estudia la historia urbana de cada uno, es posible encontrar múltiples tensiones y conflictos alrededor de decisiones similares. Sin embargo, en la perspectiva transnacional, ella fue posible.

En el territorio de Dinamarca, por ejemplo, las reformas de los ámbitos territoriales de la administración pública supusieron la extinción de 14 condados para dar lugar a solamente 5 regiones; adicionalmente, los actuales 273 municipios bajarán a 99 – los de menos de 20 mil habitantes tendrán que unirse a vecinos, siendo esta también una opción para los de más de 20 mil. En esa reforma, las regiones perderán entonces competencias de planificación, a favor del Estado central y de la nueva administración local.

Un cambio drástico como el referido no se logra dentro de un país. Pero tampoco se logra sin la existencia de condiciones históricas y normativas que permita alinear a los actores tras un mismo objetivo. La nueva Región de Oresund, y la existencia de una autoridad única, El Comité de la región, sólo se explica a partir de los siguientes elementos: a) El intercambio entre Dinamarca y Suecia en esa zona data desde 1828 cuando se instaló el primer servicio marítimo entre Copenhaguen y Malmo (Suecia); b) Las primeras propuestas para una vía en el estrecho datan de 1930; c) Desde 1964 existe un espacio de encuentro de los políticos de ambos países: El Consejo de Oresund; d) Desde los años ochenta la sociedad civil se incorporó a la defensa de proyecto de integración (16).

Demás está decir que Suecia y Dinamarca son países con una larga estabilidad democrática y económica, en los cuales las instituciones funcionan y, por ello, los acuerdos son posibles.

Como podrá concluirse, la “emergencia” de una gobernabilidad funcional a las exigencias de un proyecto regional metropolitano de más de tres millones de habitantes (17) como el reseñado no resulta de improviso. Es el producto de la confluencia de visiones, normas y valores alrededor de la metrópoli deseada a lo largo de tiempos que pueden ser muy largos, pero que el trayecto siempre transcurre entre acuerdos normativos que soportan las políticas y los proyectos.

¿CUÁLES FACTORES COMUNES SE ENCUENTRAN EN LA BASE DE LOS ACUERDOS QUE INCIDEN SOBRE LA GOBERNABILIDAD DE LAS METRÓPOLIS ANTERIORES?

En los seis casos comentados, hay comportamientos comunes que pudieran explicar la estabilidad institucional que conduce la constante construcción de gobernabilidad en las áreas metropolitanas. En todas encontramos divisiones municipales preexistentes al sistema de gobierno metropolitano, lo cual supone poderes históricamente constituidos. Pero ello no ha sido obstáculo para aglutinar las fuerzas necesarias que se requieren para administrar la complejidad de cada una. La municipalización es un dato; no la resultante. También es un dato la existencia de capacidades técnicas y profesionales en todos los países para resolver problemas específicos de políticas públicas urbanas. Pero su incorporación a las soluciones metropolitanas no depende de la existencia misma de esas capacidades, sino de la existencia de condiciones que canalicen su incorporación.

 ¿Cómo y porqué lo han logrado?, es una interrogante cuya respuesta va más allá de las explicaciones acerca de la coordinación institucional, de las resistencias de los alcaldes locales y el poder central o de la buena voluntad de las partes para llegar a acuerdos. En las siguientes líneas intentaremos, de forma gruesa, una explicación que permita comprender las premisas que subyacen para la construcción de gobernabilidad en las Áreas metropolitanas. Veamos.

La tercera ola de Democracias en el mundo se inició hacia finales de los años setenta y principios de los ochenta (18). Latinoamérica fue una región privilegiada en el mundo en esta materia.

Hasta 1979, la inmensa mayoría de los países se encontraban manejados por dictaduras militares. La excepción a la regla era: Costa Rica, Colombia y Venezuela. A partir de aquél momento, por circunstancias diversas que no abordaremos, todos los países iniciaron su tránsito hacia formas democráticas de gobierno. El primero fue Ecuador en 1979. Argentina logró zafarse de la férrea dictadura en 1983, Brasil en 1984 y  Chile en 1988 con el referéndum que derrotó a Pinochet. Perú, luego de un largo y errático camino institucional entre 1980-2000, entre populismos y autocracias personalistas, inició su estabilidad institucional con las elecciones del 2001.

Colombia, que sólo ha tenido un breve período militar entre 1953-1957 (19), reforzó su camino democrático con la Constituyente de 1991, como ya se indicara. La misma, refrescó la democracia y, hay que decirlo, legitimó los poderes constituidos sin grandes sectores de la población que resistieran a ese nuevo Pacto. La guerrilla de las Farc ha sido, progresivamente, reducida, y, lo más importante, la población le rechaza con abrumadora mayoría. Es decir, la Constituyente de 1991 representó para Colombia la ratificación de un antiguo pacto, remozado por los tiempos y adaptado a la modernización de las instituciones del estado. Una de esas adaptaciones fue la descentralización. Y con ella, la creación del Distrito Capital, consagrado en la Constitución de 1991, el cual tendría como máxima autoridad al alcalde Mayor de Bogotá.

Mucho se habla de la continuidad administrativa en la Alcaldía, explicación que esgrime a la hora de hablar de los logros de Bogotá. Sin embargo, creo que es indispensable darle un giro al asunto: no se trata de que los alcaldes desde Mockus hasta Petro son buenos ciudadanos y se ponen de acuerdo fácilmente. La explicación es otra. Es que los acuerdos institucionales se encuentran constreñidos por el gran Pacto Social de 1991 que ha funcionado por 22 años. Las elites que firmaron la Constitución son las mismas durante todo el período, a pesar de que Santos y Uribe se peleen continuamente. De eso se trata el asunto: elites continuas que le dan permanencia a valores sociales (democracia, economía abierta, modernización) a partir de los cuales pueden fluir las políticas públicas.

Las explicaciones alrededor de la gobernabilidad de Santiago de Chile se encuentran asociadas a dos hechos significativos: la salida de una férrea dictadura y la construcción de una coalición democrática que duró 20 años hasta la llegada de Piñera. Y aun con Piñera, las bases normativas del Estado de derecho continúan intactas. La coalición, que probablemente gane las elecciones de próximo año con la nueva presidencia de Bachelet, se encuentra en reparación, sobre las mismas bases de respeto a las instituciones democráticas, por encima de cualquier consideración. Pero el otro hecho es fundamental también: la coalición debió asumir los valores de las economías abiertas, dispuesta a globalizarse y modernizarse, a pesar de que de ella formaban parte sectores que, otrora, no comulgaban con estas tesis, como el partido socialista y otros grupos de izquierda más radical. Pero lo más interesante de este proceso, es que esos valores de mercado y economía competitiva ya habían transitado su camino con la dictadura de Pinochet. La coalición los asumió, con más o menos prejuicio dependiendo del bando que se tratare, y los puso al servicio de un Chile moderno. Por supuesto, la autoridad metropolitana continúa siendo el Intendente de la región, pero, ahora con un alcalde electo desde 1992 en la Comuna de Santiago, la más importante por ser la capital histórica. Un claro homenaje a la tradición republicana centralista y democrática.

Para el caso peruano hay que decir lo siguiente: de tal monta es el cierre de filas de las elites contra las tentaciones autoritarias y personalistas como la de Fujimori, que hasta un connotado populista de los ochenta, Alan García, se transformó en un reconocido defensor del estado de derecho, las instituciones y la economía abierta durante su segunda presidencia. El desarrollo de Lima Metropolitana se nutre de ese férreo compromiso. Perú transitó, como se dijo, un camino errático en la tercera ola de las democracias. Pero finalmente, cuando lo encontró desde el 2001, ha mantenido una gobernabilidad que, hasta Humala, líder temido por venir de las filas militares y otrora amigo del fallecido presidente de Venezuela, ha resultado ser toda una sorpresa democrática. Con esa plataforma, el gobierno de Lima puede manejar los acuerdos, siempre difíciles, hacia la gobernabilidad metropolitana.

Los casos de Londres, New York y Oresund, siendo sistemas de gobiernos con evidentes diferencias (monarquía constitucional, monarquía parlamentaria, sistema parlamentario federalismo), se encuentran relacionados por poseer la misma materia prima a lo largo de varios siglos: una cultura democrática y otra cultura de economías abiertas que, aunque no exentas de intervencionismo estatal (como la época laborista antes de Margaret Thatcher en Gran Bretaña), perviven desde los inicios de mercantilismo y el corporativismo capitalista.

Tanto USA como Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca, pertenecen a la primera ola de democracias en el mundo. Existe un continuo “axiológico” que, a pesar de acusar ciclos de crisis, se mantiene en su esencia. Además, son países donde se originaron los procesos de modernización económica, tanto en el campo de la producción de bienes y servicios como en el más importante: la producción de las ideas sobre la economía abierta y de mercado. En cada una de estas metrópolis eso se respira: institucionalidad asociada al Estado de derecho y libre flujo de los productos y organización empresarial y ciudadana asociada a valores ancestrales.

Tanto en los países desarrollados con democracias consolidadas como en Latinoamérica, es posible encontrar condiciones propicias para una aceptable gobernabilidad metropolitana que, es decir, la existencia de gobernabilidad social. 

Citas

(1) Parmigiani de Barbara, Consuelo; Ciuffolini, Alejandra. “La construcción de lo público: orientaciones y valores en conflicto en la decisión de una política pública”, Revista Administración pública y sociedad, Nº 11, diciembre, Córdoba, pp. 91-102.

(2) Bobbio,N.; Matteucci, N. y Pasquino,G.( 1991). Diccionario de Política, Siglo XXI editores, séptima edición, Madrid.

(3) Este fenómeno surgió en Venezuela a principio de los años ochenta y todavía persiste. De ello se habla en otro documento elaborado por Mascareño (agosto 2013), referido a la crisis del Proyecto Modernizador de Venezuela. Su comprensión es crucial para abordar la gobernabilidad del AMC.

(4) Estado y nuevo régimen territorial. Federación colombiana de municipios, Fescol, Bogotá 1992.

(5) Salazar F., José. “La planeación en Bogotá: un sistema híbrido de desarrollo progresivo”. Bitácora urbano-territorial, n° 1, 2007, pp. 208-219.

(6) Mascareño, Carlos. “Federalismo y unitarismo: semejanzas y diferencias de los procesos de descentralización de Venezuela y Perú”, Territorios, N° 14, pp. 83-104, febrero-julio, 2005.

(7) Acuerdo por Lima. Municipalidad Metropolitana de Lima. Programa de Gobierno Regional de Lima metropolitana, junio 2013.

(8) Arturo Orellana: “La gobernabilidad metropolitana de Santiago: la dispar relación de poder de los municipios”, revista Eure, n° 104, abril 2009, pp. 101-120.

(9) Universidad del Rosario, Centro de pensamiento de estrategias competitivas, CEPEC.

(10) Título de un papel que sirvió de base a los Laboristas para la campaña electoral de Londres, liderada por el recién electo Primer Ministro Tony Blair.

(11) Martin Simmons. “El caso de Londres. Gobierno y sistemas de gestión del planeamiento”. Urban, N° 5, 2000

(12) Toinet, Marie-France. El sistema político de los Estados Unidos. FCE, 1994.

(13) Ibid.

(14)  Benjamin, Gerald, Richard P. Nathan (1990). Brookings Institute. ed. Regionalism and realism: A Study of Government in the New York Metropolitan Area. pp. 59.

(15) Florentino, Rui. “Parámetros de gobernabilidad territorial metropolitana”. Cadernos metrópole, 2°sem.2000,pp.93-106.

(16) Un buen detalle de esta región metropolitana se encuentra en http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5869/23/08.pdf.

(17) Según este otro estudio, la región de Oresund superaba en el 2000 los tres millones de habitantes, luego de su integración.

(18) Markoff, John (1998). Olas de democracia. Movimientos sociales y cambio político. Editorial Tecnos, Madrid.

(19) El único régimen militar de Colombia del siglo XX fue el del Dictador Gustavo Rojas Pinilla.

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