DOCUMENTO PREPARADO COMO REGISTRO DE LOS INTENTOS POR DISMINUIR Y HASTA ELIMINAR LA DESCENTRALIZACIÓN VENEZOLANA. 2013.

1. EL AUTORITARISMO CONTRA LOS PODERES ESTADALES Y MUNICIPALES LEGÍTIMAMENTE ELECTOS

Por definición, los autoritarismos no toleran la presencia de poderes diferentes a los que ellos representan. Es la situación que ha vivido Venezuela en estos catorce años.

Cuando Hugo Chávez llega a la Presidencia, se encuentra con una realidad política que no puede soslayar: el país ya tiene diez años eligiendo gobernadores y alcaldes a partir de la adopción de la descentralización como nueva forma del Estado Federal. Al no poder eliminarlos de facto (como era el proyecto inicial de los golpistas del 4-F, traducido en los Decretos preparados en aquel entonces), Chávez apela a la confrontación, descalificación, amenazas y, en general, la deslegitimación de los poderes de gobernadores y alcaldes. Hay que tener presente que se trata de funcionarios electos democráticamente no dependientes del poder central; ellos representan entonces una fuerte competencia política a las pretensiones concentradoras del poder del régimen venezolano.

Las reservas democráticas venezolanas han impedido la eliminación del carácter electo de esas figuras territoriales. Por ello, Chávez, desde que asumió el poder, ha utilizado un largo expediente de ataques para tratar de disminuir la presencia de su competencia política en el territorio.

El expediente es largo. Para los propósitos del presente documento, se han recogido aquéllas situaciones que representan una muestra sustantiva en la materia que nos ocupa. Las hemos dividido en tres categorías: La defenestración de los gobernadores y alcaldes de sus propias filas políticas; la estrategia para deslegitimar a los opositores y la presencia militar en el territorio.

1. En Revolución los hijos no compiten con el Padre

Si Chávez, como buen militar autoritario, no acepta competencia política por parte de la oposición, menos aún lo acepta dentro de las filas de la revolución.

Comencemos por el episodio más reciente, utilizando una frase que, en medio de la actual campaña presidencial, se ha hecho famosa: “He dicho Ameliach para la gobernación de Carabobo…Ustedes verán”; ante ella, los militantes de la Revolución gritaban “Lacava, Lacava, Lacava..”, refiriéndose al alcalde de Puerto Cabello y jefe del Comando Carabobo en esa entidad. El líder militar no acepta en las gobernaciones, ni siquiera como aspirantes, sino a personajes que le serán profundamente fieles, como es el caso de Francisco Ameliach, compañero de armas y de aventuras golpistas. El que no lo es, resulta defenestrado. Ya se puede intuir cuál será el destino político de Lacava: aislamiento total por atreverse a disentir del criterio del jefe único. Está en acción, de nuevo, “el Dedo que designa” (Ver “El Caud(ed)illo, José Gregorio Salazar, TAL CUAL, 11 y 12 de agosto)

En este campo la lista es larga. Uno de los casos más emblemáticos es el de Henry Falcón, actual gobernador del Estado Lara. La pugna contra Falcón comenzó cuando este era alcalde de Barquisimeto. El lema del entonces líder del chavismo era “Revolución con eficiencia”; su buena gestión lo convirtió en el gobernante municipal más exitoso de la revolución. Ello fue suficiente para que Chávez lo pusiera en la mira. Comenzó boicoteando los recursos de la alcaldía y bloqueó las obras del sistema de transporte masivo de aquélla ciudad. Pasaron a  tribunal disciplinario a Falcón y, finalmente, este se separó del PSUV. “Traidor, traidor..” fue la frase más manoseada por el autócrata. Todos conocen hoy el destino de Henry Falcón. Se encuentra en la otra acera. Los autoritarismos no toleran competencia. Y la de Falcón se convirtió en la más eficaz.

Competencia también resultó ser la del “Gato” Briceño en el Estado Monagas. Este mandatario tenía también un factor que lo asemejaba con Falcón: contaba con su  propio capital político. Tenerlo es un pecado revolucionario. El único autorizado a amasar capital político es el líder supremo. Por eso el “Gato” también fue excluido. El proceso disciplinario contra este gobernador fue público, casi un espectáculo circense de la antigua Roma. Antes de que lo hicieran entrar en cintura, renunció. De nuevo la frase fue “Traidor, traidor..” En Monagas todo comenzó con la inundación de petróleo en el Río Guarapiche, que alimenta de agua a Maturín. No pudieron aplacar las denuncias y reclamos del “Gato” y, finalmente, está fuera. Le pidieron callar el desastre petrolero y la ineficiencia del Ministerio del Ambiente y no calló. Eso es, finalmente-o principalmente-, lo que Chávez quiere. Que los gobernadores y alcaldes callen. Que sean sumisos. De allí su permanente pugnacidad contra todo aquél que contraríe su pensamiento.

Quienes si callaron fueron Acosta Carles, exgobernador de Carabobo (popularmente conocido como el gobernador erupto), y Jesús Aguilarte, exgobernador del  Estado Apure. En el primer caso, Chávez le quitó su apoyo a la re-elección en ese estado y Acosta no tuvo otra opción que retirarse. No era un líder, no contaba con capital político propio. Sólo había tenido sus minutos de gloria cuando eruptó en los depósitos de la Polar de Valencia cuando el paro del 2002. El otro caso era similar: Aguilarte era un mandadero de Chávez. Bastó una decisión del jefe supremo para que renunciara a la gobernación de Apure y fuera sustituido por otro militar, otrora Vicepresidente, el coronel Ramón Carrizales, quien pasó a usurpar esa función.

La visión del régimen y, particularmente, de su jefe, sobre la existencia de los gobiernos estadales y municipales, siempre ha sido la misma: ellos deben obedecer, ciegamente, los designios de la revolución (es decir, el mandato del líder supremo). Esa visión se hizo patente luego de las elecciones de gobernadores y alcaldes el 30 de octubre de 2004, cuando el chavismo ganó 21 de las 23 gobernaciones y 236 de las 335 alcaldías. Eran momentos exultantes, triunfales.

El 12 de noviembre, en el Teatro de la Academia Militar- el escenario más adecuado para sus propósitos- Chávez reunió a “sus” gobernadores y alcaldes para alinearlos con los nuevos objetivos estratégicos de la revolución (Para detalles de la reunión, ver el documento elaborado por Marta Harnecker, 2004). Comenzó su discurso ordenándole al entonces Vicepresidente José Vicente Rangel, que abriera un libro de control a cada gobernador y a cada alcalde para anotar “los puntos positivos y negativos que yo le diga y los que usted mismo vaya consiguiendo en el camino”. Luego de esa primera advertencia, les comunicó que “aunque no puedo destituir a alcaldes ni a gobernadores, sí puedo hacer otras cosas, ¿no?. Quiero que sepan que en esta nueva etapa el que está conmigo está conmigo, el que no está conmigo, está contra mi”. Acto seguido, les exigió a los gobernadores y alcaldes incorporarse a los ejes de desarrollo territorial y les pidió a los ministros facilitar su incorporación en los planes de gobierno central. Al despedirse, Chávez dijo: “Disciplina, disciplina. No se hacen revoluciones sin unidad de mando”. En ese momento, todos los gobernadores y alcaldes chavistas perdieron la poca autonomía que les quedaba, producto de su condición de funcionarios electos. Más nunca hasta hoy –salvo los casos de Falcón y el “Gato” Briceño-, estos funcionarios salidos de las filas de la revolución asomarían su nariz. Nadie sabe quienes son; devinieron en seres anodinos plegados al capricho de un autócrata.

1. Si eres de oposición, peor será tu castigo

Desde el inicio de su gobierno, Chávez arremetió contra los gobernadores electos acusándolos de corruptos y desordenados. En un largo discurso la noche del 25 de marzo de 1999, el nuevo Presidente amenazó con que no habría flujo de dinero a las regiones. Ese fue el clima de pugnacidad con el que se inició el autoritarismo re-centralizador. Fue tal la dureza que Francisco Arias Cárdenas, compañero de armas de Chávez y para entonces gobernador del Estado Zulia, reaccionó contra aquélla tropelía y advirtió que “No podemos aceptar que se paralice el flujo de recursos al estado por desconfianza…”(El Universal 28/03/99). Dos meses antes, en enero de 1999, Didalco Bolívar, gobernador del Estado Aragua y para entonces revolucionario – hoy de retorno vergonzoso a la revolución-, había lanzado sus ideas federalista “Un concierto fiscal para Venezuela” en las cuales proponía una mejor base tributaria para los estados. Tres días más tarde, el 29 de enero de 1999, Bolívar renunciaba a la Presidencia de la Asociación de Gobernadores de Venezuela y no hablaría mas nunca del tema. Sabemos el destino de ambos personajes: uno perseguido y vuelto a reenganchar y otro derrotado y aceptado de nuevo por la puerta de atrás.

Es que era inviable todo avance de los liderazgos regionales. Eso estaba escrito. Así era el proyecto autoritario del chavismo. Durante la Asamblea Nacional Constituyente fueron derrotadas las tesis descentralizadoras; la ANC desplegó escaramuzas para intervenir administrativamente la gestión de los gobernadores de estado ante lo cual algunos gobernadores del Polo Patriótico pusieron sus cargos a la orden. También hubo amenazas de plebiscitos para relegitimar el mandato de estos funcionarios. Ante ello, Willian Dávila, para entonces gobernador del Estado Mérida, afirmaba que “la ANC no debe convertirse en un paredón político” (El Nacional 28/8/99, p. D-3).

El chavismo y particularmente Chávez, nunca aceptó la existencia de poderes electos que no estuvieran en su fuero. Como no podían destituirlos, como aceptó Chávez en el acto de la Academia Militar, tenían que ir contra todo aquél opositor que compitiera por el poder que, según ellos, tenía que ser concentrado. El catálogo de ataques contra los líderes opositores es largo y sostenido. Vale la pena reseñar los más destacados.

Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo y gobernador del Zulia, se llevó la peor parte. Terminó refugiado en Perú, luego de las abiertas amenazas con su encarcelación. Chávez lo declaró públicamente en un acto público en Maracaibo: yo tengo la potestad de poner preso a ese gobernador corrupto. Más que persecución política era saña contra quien había sido su contendor en las elecciones presidenciales del 2006.

Ramón Martínez, exgobernador del Estado Sucre y hombre de las filas del chavismo hasta el 2007, también terminó exilado en Perú. Corrupto, traidor y desleal fueron los calificativos de Chávez contra quien fuera uno de sus gobernadores leales, especialmente durante el paro del 2002.

Henrique Capriles sufrió duramente como alcalde: estuvo preso durante tres meses en la vieja Disip. Pero también tuvo que soportar los vejámenes del autoritarismo como gobernador: le entregaron una gobernación en el suelo, sin computadoras, sin dineros, saqueada. Le arrebataron la red de salud del estado Miranda, quedándose sin hospitales ni ambulatorios. También se quedó sin escuelas. En fin, un abierto maltrato como mandatario electo.

El gobernador del Táchira se encuentra asediado. Desde su elección es amenazado con intervención; le quitaron la red de servicios de salud; le arrebataron las armas a la policía. Y, recientemente, el Ministro del Interior Tarek –El-Aissami, lo amenazó con intervenirle la policía.

Leopoldo López, exitoso alcalde de Chacao durante dos períodos, era el posible candidato de la oposición a la Alcaldía Metropolitana. López había sido arbitrariamente despojado de sus derechos políticos, en especial el de aspirar a cargos de elección, a partir de una sentencia írrita como se comprobó en la Corte InterAmericana de Derechos Humanos.  López no pudo ser candidato y pasó a representar un icono en la persecución del régimen contra líderes surgidos de la descentralización.

Y lo del Alcalde Metropolitana  Antonio Ledezma se convirtió en el símbolo del desconocimiento de la legitimidad electoral fuera de la de Chávez: le quitaron la sede, lo atacaron con violencia, lo dejaron sin competencias y recursos y, finalmente, le nombraron una autoridad paralela designada por el gran dedo del líder de la revolución. Estoicismo es lo que define el comportamiento del Alcalde ante el arrebato del que ha sido objeto.

El chavismo no ha ocultado sus ganas de acabar con gobernaciones y alcaldías que es decir, acabar con gobernadores y alcaldes, tanto de sus filas como de los de oposición. Un vocero autorizado del PSUV lo ha dicho en dos oportunidades recientes. Aristóbulo Istúriz, eminente líder de la revolución, en su discurso en el décimo aniversario de la Constitución emitió dos sentencias lapidarias. La primera, “Hay que desbaratar los poderes públicos y sustituirlos por un Estado comunal”, traduce con claridad la verdadera estrategia del régimen en su camino de largo plazo hacia la sociedad comunista. La segunda, arropada en la sombra de la primera aludió directamente al fin de la descentralización y la federación venezolana: “Los mejores gobernadores y alcaldes serán aquellos que primero desbaraten las gobernaciones y alcaldías (…) y transfieran competencias y poderes a los consejos comunales” (Psuvelhatillo,Blogspot, 16-12-2009). Casi un año más tarde, el 17 de noviembre del 2010,  Istúriz reiteró su llamado a eliminar a las gobernaciones y las alcaldías (Diario TalCual,20/10/2011; p5).

1. Además, les nombro líderes militares paralelos

Ante la imposibilidad de desaparecer la figura del gobernador y alcalde electos, Chávez ha utilizado un viejo expediente de los autoritarios: el nombramiento de cónsules en el territorio enemigo.

Para ello, ha apelado al estamento militar para que lo secunde en sus ansias. Desde los inicios de la revolución, fueron los militares los escogidos para administrar programas institucionales en estados y municipios. Algunos ejemplos son los siguientes: El Plan Bolívar y el Fondo Único Social fueron regentados por cuadros militares afectos al presidente y  para la ejecución de la “Misión Vivienda” en el 2004, se requirió un censo de demandantes que por “defecto” de la administración pública, sería efectuado por las guarniciones militares en cada entidad federal (El Mundo 8/9/04, p.2).

Fue ese estamento quien “tomó militarmente”  los puertos y aeropuertos  del país en manos de las gobernaciones, a raíz de la aprobación de la reforma de la ley de descentralización. Chávez ordenó esa toma, la transmitió por televisión y no ocultó su alborozo con ese gran paso revolucionario.

Otro mecanismo autoritario de intervención militar territorial, ha sido la designación de militares  leales en cargos de administración de territorios inventados por el líder. Así, creó la Zona Especial del Sur del Lago e impuso, por supuesto, a un militar para su administración. En la reciente reforma del Reglamento del Consejo Federal de Gobierno, queda en manos del Presidente la creación de territorios y designación de sus autoridades. Son territorios aptos para la presencia militar. Son los militares ejecutores dilectos de la pugna contra gobernadores y alcaldes.

Gobernadores y alcaldes electos son, en definitiva, un objetivo militar revolucionario. Quién ha dicho que las revoluciones funcionan con poderes compartidos? Hay que hacerlos desaparecer. Esa es la filosofía predominante en el chavismo. No saben los líderes regionales del chavismo que esa filosofía es cuchillo para su propio pescuezo, como lo ha demostrado la historia de estos años.

2. EL ATROPELLO CONTRA CARACAS

El centralismo que, en flagrante contradicción con orientaciones fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, intenta imponer desde hace varios años el Ejecutivo Nacional, ha sido la traba fundamental para resolver los agudos problemas institucionales que sufre el Área Metropolitana de Caracas. No ha habido respuesta a las necesidades de descentralizar el poder y, en consecuencia, se han desconocido los reclamos de autonomía de estados y municipios.

La falta de gobernabilidad del Área Metropolitana de Caracas está en la raíz de los problemas que agobian al caraqueño: la inseguridad imperante, el caos del tráfico, la injustificable crisis del transporte colectivo superficial, el descuido del Metro de Caracas, el deterioro de la infraestructura o la falta de espacios públicos para el disfrute ciudadano, son la expresión de la ausencia de cooperación entre los niveles de gobierno, especialmente por parte del Poder Nacional que todo lo obstaculiza. Esto ha traído  como consecuencia la imposibilidad de establecer objetivos, estrategias y planes comunes para enfrentar problemas de gran complejidad como los señalados. De esta manera, Caracas se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del mundo y una de las menos atractivas para los inversionistas.

A pesar de que en el año 2000 la Asamblea Nacional Constituyente promulgó la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, instrumento dirigido a crear un gobierno metropolitano que manejara los mecanismos de coordinación necesarios para hacer frente a la dispersión gubernamental, la experiencia ha sido nefasta. Se ha hecho imposible vencer las resistencias políticas del régimen que detenta el Poder Nacional, cuya voracidad centralizadora es inocultable. La máxima expresión de ello se concretó en la creación de una inconstitucional jefatura de gobierno para el Distrito Capital, instancia que le sustrajo competencias y recursos a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, siendo esa jefatura, además, impuesta  por el Presidente de la República. De hecho, durante 2009 se creó todo un andamiaje legal que creó una nueva institucionalidad írrita y usurpadora de los recursos y competencias de la Alcaldía Metropolitana.

Esa voracidad se traduce en hechos inaceptables como los que se describen a continuación.

1. Un Alcalde Metropolitano atropellado

El Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, electo con una cantidad apabullante de votos (el 56%) en noviembre de 2008, ha sido sometido a situaciones que en una democracia verdadera son inaceptables. “Aunque me dejen sin un céntimo la Alcaldía Metropolitana sobrevivirá”, declaraba Ledezma el 11 de mayo del 2009 al Diario La Verdad. El Alcalde tenía apenas cinco meses de haber sido electo y ya estaba sin sede, sin recursos, sin hospitales, sin bomberos y, en general, sin competencias.

La estrategia del gobierno de Chávez era, de acuerdo a declaraciones de Cilia Flores, para entonces Presidenta de parlamento Nacional, “hacer desaparecer la Alcaldía por la vía de los hechos”.

Así, de los 2,7 billones de bolívares que le correspondían por presupuesto ordinario, a la Alcaldía le quitaron más del 92%.

Lo único que le quedaba a Ledezma eran los votos de los ciudadanos y, con esa legitimidad, es que ha podido actuar y superar los obstáculos del régimen.

Ha sido tal la pugnacidad contra el Alcalde que el mismo tuvo que optar por declararse en huelga de hambre en la sede de la OEA, en julio del 2009 (El Universal, 9 de julio de 2009). Denunciaba la grave situación de inestabilidad por la que atravesaba la democracia venezolana y demandaba la solución a cuatro asuntos prioritarios: a) La entrega inmediata de los recursos para cancelar los salarios de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana; b) Que se detuviera el desmantelamiento de la Alcaldía; c) Que la OEA interviniera para detener el ataque a la democracia y en particular a la institucionalidad electa en la Alcaldía Metropolitana y las gobernaciones de Carabobo, Nueva Esparta, Miranda, Táchira y Zulia y d) Que se verificase como en su caso existía una burla a la Constitución Nacional.

Varios trabajadores de la Alcaldía se sumaron a la huelga, a la vez que los partidos políticos democráticos y dirigentes de la democracia en Latinoamérica, respaldaban la medida de Ledezma.

¿Es esto posible en una democracia que funcione con respeto a la Constitución y a sus instituciones? Por supuesto que no. Sólo en regímenes autoritarios como el de Chávez pueden suceder estos atropellos.

1. Desmantelar una sede: desmantelar una institución

La Alcaldía Metropolitana ha funcionado desde el 2009 dispersa en diferentes oficinas que ha podido obtener, tanto por el rescate de algunas que le correspondían como por sesión de organismos o personas que la han apoyado.

La sede de la Alcaldía era el edificio histórico antigua sede de ubicado frente a la Plaza Bolívar de Caracas. El régimen no toleró que el nuevo Alcalde ocupara ese lugar. Ese espacio era, según el chavismo, un territorio liberado por la revolución y, por ello, ningún contrarrevolucionario lo ocuparía.

Luego de semanas de hostigamiento, los exaltados de Avila TV llamaron a la toma de la sede de la Alcaldía Metropolitana. A ello asistieron rápidamente los facinerosos de la “esquina caliente” de la Plaza Bolívar, varios de los cuales eran nómina de esa institución y cobraban para resguardar el “territorio” de la revolución en la Plaza. La marcha hacia la Alcaldía avanzó al grito de “Ledezma no preguntes quienes somos, que si por aquí te acercas, llevas plomo”.

El histórico edificio fue vulgar y salvajemente asaltado. Saquearon sus instalaciones. Desalojaron a los empleados. Insultaron a todos los que se le oponían. Y, finalmente, el edificio quedó en estas condiciones:

1. El montaje de un gobierno paralelo y la designación a dedo de sus autoridades

En el mes de marzo de año 2000, luego de aprobada la nueva Constitución de 1999 y antes de instalarse el parlamento nacional, la Asamblea Nacional constituyente aprobó una Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas (G.O. N° 36.906) que buscaba integrar un sistema de gobierno municipal s dos niveles en don de incluían a los municipios del Distrito Capital- hasta entonces Libertador- y los municipios del Estado Miranda. Para ello se crearon tres instituciones la Alcaldía Metropolitana de Caracas, el Consejo de Gobierno del Distrito Metropolitano de Caracas y el Cabildo Metropolitano. Tal decisión se originaba de artículo 18° de la Constitución, en el cual se previó la promulgación de un ordenamiento jurídico que le confiriera a Caracas su unidad territorial a través de la creación de un gobierno municipal a dos niveles. Era mandato constitucional que cualquier gobierno que se formase, debía obedecer al carácter democrático, electivo, participativo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

Luego del triunfo de la oposición democrática en la Alcaldía Metropolitana en el 2008, así como en el Municipio Sucre y en la gobernación del Estado Miranda, el régimen, utilizado groseramente su mayoría parlamentaria, procedió a derogar aquélla Ley y a imponer una institucionalidad anticonstitucional y antidemocrática.

Los hechos fueron los siguientes:

39. Aprobaron una Ley Especial del Régimen Municipal a Dos Noveles del Área Metropolitana (G.O. N° 39.276 de 1 de octubre de 2009), en la cual se eliminó el Consejo de Gobierno Metropolitano, se redujeron radicalmente las competencias de la Alcaldía Metropolitana y se limitó el financiamiento sólo a los aportes de las alcaldías y de gobierno de Miranda.
40. Previamente, en abril de 2009, la Asamblea aprobó la Ley especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital en la cual se creaba la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital que coincidía con la jurisdicción del Municipio Libertador. En mayo de 2009 aproaron la Ley Especial de Transferencia de los Recursos y Bienes Administrados Transitoriamente por el distrito metropolitano al Distrito Capital (G.O. N° 39.170)
41. La primera medida derivada de tal exabrupto fue la designación a dedo de la Jefa del Distrito capital, Jacqueline Farías. Siendo designada por el Presidente, se violaron todos los preceptos constitucionales de elección, participación y revocabilidad de los funcionarios. Esta funcionaria ha actuado, hasta la fecha, como la máxima autoridad en el Distrito Capital, sin que le rinda cuentas a nadie a excepción de quien la nombro, Chávez.
42. La segunda medida fue el despojo de todos los bienes, competencias y recursos de la Alcaldía Metropolitana, convirtiéndola, en coherencia con lo que había declarado Cilia Flores, en un cascarón vacío.

Así, esa nueva Jefatura ha quedado actuando de manera autónoma, sin acercamiento alguno con la autoridad metropolitana y sin, por supuesto, coordinación con las alcaldías de Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre y la Gobernación del Estado Miranda.

El resultado de este asalto institucional lo pagan quienes viven en Caracas: una ciudad desintegrada, sin una gestión armónica y mancomunada, la presencia de una tensión política constante que atenta contra la convivencia ciudadana y, obviamente, unos servicios públicos deteriorados y abandonados a su suerte. Este es el verdadero efecto del autoritarismo en Caracas.

PROPESTA DE BORRADOR DEL DOCUMENTO INICIAL

LA DESCENTRALIZACIÓN: UN PASO HACIA EL PROGRESO DE VENEZUELA

A la par con América Latina, las reformas del federalismo venezolano de 1989 permitieron elegir por primera vez a gobernadores y alcaldes de manera universal, directa y secreta y, de igual manera, se establecieron los cimientos para dotar de competencias, servicios y recursos fiscales a Estados y Municipios. Esta reforma redundó en una apertura a grupos políticos minoritarios, un mayor acceso de la población venezolana a mejores servicios públicos y en el desarrollo de un proceso de participación ciudadana en función del nuevo tipo de gestión pública.

La experiencia descentralizadora se desarrolló en un corto período, 1898-1998, coincidiendo con una baja sustancial de los precios petroleros y una abierta crisis política. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, muchos fueron los logros del proceso. Algunos son los siguientes:

1. a) Al final del período, el ingreso manejado por Estados y Municipios representó el 28,38% del ingreso público nacional realmente ejecutado[1]. En 1989, en la época de un férreo centralismo, los Estados y Municipios administraban, apenas, el 17% de los ingresos fiscales del país.
2. b) Varios Estados asumieron los servicios de salud, mostrando mejoras en los indicadores. En Carabobo, por ejemplo, el índice de mortalidad infantil disminuyó de 29,6[2] en 1990 hasta 17,8 en 1998. En Lara la disminución fue desde 26,5 hasta 19,1. Surgieron experiencias novedosas de gestión de atención primaria como las de Fundasalud en Lara, Corposalud en Aragua, Fundasalud en Sucre o Insalud en Carabobo.
3. c) En materia educativa, la participación de los Estados en la matrícula nacional del pre-escolar se incrementó del 11,6% en 1989 hasta 22,4% en 1998. Es obligatorio destacar los esfuerzos de experiencias educativas innovadoras como las de la Escuela Activa en Bolívar y las Escuelas Integrales en el Estado Mérida.
4. d) El deporte se convirtió en la competencia concurrente más asumida por los Estados. A partir de allí, se crearon y consolidaron los Juegos Juveniles Nacionales.
5. e) Hubo notorios avances en la seguridad ciudadana, con el mejoramiento de las policías estadales y municipales y la creación de las redes de atención inmediata al ciudadano.
6. f) Los Estados y Municipios desarrollaron iniciativas exitosas para la construcción de viviendas, a partir de los convenios que establecieron con el Consejo Nacional de la Vivienda. Más de 400.000 familias fueron beneficiadas por gobernaciones y alcaldías durante la descentralización.
7. g) La vialidad interurbana de Venezuela cambió de rostro y calidad. Más de 10.000 kilómetros de autopistas y carreteras fueron mejoradas por los Estados, con un incremento visible de la seguridad en las carreteras.
8. h) Los Puertos venezolanos mejoraron notablemente. El Puerto de Puerto Cabello duplicó el número de buques atendidos y el número de toneladas manejadas en apenas seis años y el Puerto de Maracaibo comenzó a obtener ganancias, duplicando el número de buques.
9. i) Todos los Estados asumieron los aeropuertos, a excepción del de Maiquetía. Esta decisión incrementó la movilización aérea en el país, al ofrecerse más seguridad y mayor número de vuelos.
10. j) Los Municipios venezolanos aumentaron considerablemente su oferta de servicios sociales. El espectro de programas incluyó servicios de alimentación y nutrición, de atención al niño, de desarrollo comunitario, de salud primaria, de apoyo a las microempresas, de becas de estudio y atención al anciano.
11. l) Finalmente, ese esfuerzo incentivó el proceso de participación ciudadana en la gestión pública. Se crearon varios miles de Organizaciones Comunitarias de Salud, de Organizaciones Comunitarias de Vivienda, Organizaciones deportivas, Comités educativos, Centros culturales, Organizaciones ambientales, entre otras organizaciones de base.

En apenas nueve años, la gestión pública del país experimentó un cambio sustancial, tanto en los tipos de servicios públicos, más cercanos a la gente, como en su calidad.

1. EL RÉGIMEN DE HUGO CHÁVEZ HA PRETENDIDO ACABAR CON LA DESCENTRALIZACIÓN

A partir de 1999 comenzó la recentralización del poder en Venezuela. Este gobierno fue desmantelando, progresivamente, toda posibilidad de vida descentralizada en el país, contraviniendo la norma constitucional de avanzar hacia un Estado Democrático, Federal y Descentralizado. Esa recentralización se ha expresado en las cuatro vertientes que se analizan a continuación.

I.1. El desastre centralista de los servicios públicos

Las competencias de los Estados- vialidad, puertos, aeropuertos, salud, deportes- fueron revertidas al nivel central, a la vez que se disminuyó  el poder de gestión de gobernaciones y alcaldías en asuntos públicos vitales como la educación, la seguridad, la vivienda, la protección al menor y los programas sociales. Para ello, se reformó la Ley Orgánica de Descentralización para eliminar las competencias exclusivas de los Estados y se anuló por vía de los hechos los convenios de transferencia de servicios que los Estados habían suscrito con la República para el manejo de competencias concurrentes.

Una muestra del impacto negativo de estas medidas es la siguiente:

1. a) Es evidente el deterioro de la vialidad. Quienes viajan con frecuencia, añoran la época en la cual las carreteras y autopistas estaban asfaltadas, con grúas y vigilancia. Los que usan los aeropuertos sienten la ineficacia del servicio centralizado. Igual impacto negativo se evidencia en los puertos de Venezuela. Los han convertido en centros de corrupción e ineficiencia. El Puente sobre el Lago de Maracaibo está en riesgo de caerse.
2. b) Los servicios de salud, hospitales y ambulatorios, fueron abandonados por el gobierno. Le sustrajeron la red de salud a los Estados y Municipios. La población no encuentra respuesta a sus problemas de salud.
3. c) Las escuelas se encuentran en mal estado y sin la dotación necesaria. Más de 6.000 unidades necesitan mantenimiento y el gobierno apenas ofrece mejoras para 300.
4. d) No se han podido construir sino 417.000 viviendas entre 1999-2010[3], apenas 34.750 por año. El déficit supera los 2.000.000 de unidades. El Gobierno Nacional ha excluido a los gobiernos estadales y municipales de la búsqueda de soluciones en esta materia.

Finalmente es importante denunciar la aniquilación institucional de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. En su defecto, crearon un gobierno paralelo, con una jefatura designada por el Presidente. La Capital nunca había estado tan abandonada.

I.2. El desastre centralista de las finanzas públicas

La precaria situación de los servicios públicos, ha estado acompañada de la asfixia financiera de los Estados y Municipios, a pesar de los altos precios petroleros  en este período. Se ha sustraído el dinero necesario para resolver los problemas de la población a partir de las siguientes situaciones:

1. a) Desde 1999, el Gobierno Nacional ha manejado discrecionalmente la transferencia del Situado Constitucional, los recursos de las competencias transferidas, el FIDES y la LAEE. Arbitrariamente, fijó en $40 el precio del barril petrolero para efectos de la elaboración de las leyes de presupuesto, lo que le permite el manejo discrecional antes señalado.
2. b) Desde el 2005 creó el FONDEN y otros fondos (como el Fondo Chino) para represar los recursos fiscales petroleros cuando el precio supera los $70 el barril y los recursos de las devaluaciones. Como el precio del petróleo ha superado ese nivel, la diferencia de la renta es capturada por el centralismo, violando la Constitución.
3. c) Eliminó el FIDES y desvirtuó el propósito de la Ley de Asignaciones Especiales, vulnerando los recursos de Estados y Municipios.
4. d) Impuso desde el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) criterios ideológicos y centralistas.
5. e) De acuerdo al “Manifiesto de Barquisimeto” suscrito por los gobernadores el 14 de septiembre de 2011, el represamiento del Situado Constitucional generó una deuda cercana a los 16 mil millones de bolívares hasta agosto. Según cálculos de Ecoanalítica (El Universal, 1-6, 9/10/2011), para ese momento se habían retenido 26 mil millones de bolívares a Estados y Municipios.

En definitiva, se impuso la asfixia de Estados y Municipios. El Ingreso Territorial Venezolano (ITV) disminuyó al 9,9%, lejano del 28,38% logrado en 1998 y menor al vigente antes de 1989. Ha sido una caída brutal, como se aprecia en el gráfico siguiente[4].

I.3. Crearon un Consejo Federal de Gobierno para acabar con la descentralización

Diez años después de aprobada la Constitución en la cual se creó el Consejo Federal de Gobierno (CFG), el Gobierno Nacional puso el ejecútese a la Ley que lo regularía. Se inició la marcha de un CFG cuyo propósito es desmontar el Federalismo y la Descentralización. El vaciamiento de competencias y recursos a Estados y Municipios se ha realizado a través de leyes que son inconstitucionales. Esta estrategia conduce a la concentración de las decisiones en entes territoriales ajenos al marco constitucional vigente. Por ejemplo, la creación de los Distritos Motores del Desarrollo como una “entidad socialista”, es ajena a nuestra Constitución. A su vez, el criterio para la participación de la sociedad civil en el CFG es totalmente excluyente.

Así, el CFG dejó de ser una instancia de negociación y regulación de las competencias y se convirtió en un ente que procura anular la gestión de gobernaciones y alcaldías. Prueba de ello se encuentra en el Reglamento del CFG,  dónde se define al Federalismo como un “Sistema de organización política (…) para la construcción de la sociedad socialista (…)”, contraviniendo los principios fundamentales de la Constitución que prevén la existencia de un gobierno pluralista y republicano.

I.4. Impusieron una participación tutelada que asfixia la iniciativa ciudadana

La Asamblea Nacional aprobó las leyes del Estado Comunal entre octubre de 2010 y enero de 2011. El Gobierno Nacional presentó lo que sería “la sociedad ideal”: aquélla conducida por un Estado Comunal que elimina los mecanismos de cooperación entre las administraciones, prescinde de la necesaria distribución de funciones y competencias  e instaura una relación de la población con un poder presidencial autocrático y personalista que termina por ser difusa, burocrática y clientelar. Se tiende a la eliminación del voto directo, universal y secreto como mecanismo democrático de control de las autoridades electas, tal como sucedió con la elección de las Juntas Parroquiales. También se busca sustituir la propiedad privada por la comunal.

En este nuevo tipo de Estado, las relaciones intergubernamentales privilegian el vínculo del Presidente de la República con los Consejos Comunales, las Comunas y los denominados Distritos Motores de Desarrollo – figuras inexistentes en la Constitución – en desmedro de la relación con los Estados y Municipios y la participación popular plural. Además, este Estado paralelo se sustenta en instrumentos jurídicos que procuran controlar la participación ciudadana. Así, las organizaciones comunitarias, para tener legalidad, deben inscribirse en una oficina del Ministerio de Participación Popular, lo que niega toda autonomía en la iniciativa de asociación ciudadana. Es la participación tutelada.

Esta red de disposiciones es la definición de un Estado Socialista, centralista y autocrático por el cual nadie ha votado. Es la instauración de otro Estado diferente al de la Constitución, que es Federal Descentralizado, Democrático y Social de Derecho y Justicia.

1. HAY UN CAMINO PARA INSTAURAR EL ESTADO FEDERAL DESCENTRALIZADO

Dentro del marco de la Constitución de 1999 vigente, el nuevo gobierno está comprometido con la instauración del modelo de Estado Democrático, Federal y Descentralizado previsto en el Texto. Es el punto de partida para el rescate de la noción de Federalismo Cooperativo que fomente y vigorice los espacios de concertación entre los niveles de gobierno y con la sociedad organizada. En ese marco, se entiende la descentralización, más que como un fin en sí mismo, como un vehículo para una mayor democracia,  para la eficacia del Estado, el impulso de la diversidad y la vida local y para la minimización de los vicios del centralismo. La acción del nuevo gobierno estará signada por tres pilares fundamentales que se expresan en el siguiente gráfico:

¿Cómo será el modelo de Estado al final de la segunda década del siglo XXI a partir de la acción del nuevo gobierno? Será:

1. a) Un Estado altamente descentralizado, con instituciones de un federalismo cooperativo que norme las relaciones entre los niveles de gobierno y que establezca las bases para una verdadera participación democrática de las organizaciones de la sociedad civil.
2. b) Un Estado con estructuras de regulación de los servicios descentralizados, a través de arreglos acordados entre los niveles de gobierno, las comunidades y la sociedad civil organizada. Como contraparte, el Gobierno Central se deberá racionalizar para disminuir su tamaño, habiéndose reducido la nómina de los servicios.
3. c) Un Estado que propicie la participación de las organizaciones sociales en la gestión pública de Estados, Municipios y Parroquias
4. d) Un Estado con finanzas públicas altamente descentralizadas y un alto grado de corresponsabilidad fiscal y transparencia.
5. e) Un Estado eficiente en el que la prestación de los servicios públicos sea reflejo de las preferencias de los ciudadanos.
6. f) Un Estado que haya alcanzado altos niveles de modernización organizacional en Estados y Municipios.
7. g) Un Estado innovador, promotor de un modelo de desarrollo local basado en las nuevas tecnologías y la producción del conocimiento.

En definitiva, será un Estado Federal, Descentralizado y Democrático que responda a las siguientes orientaciones:

[1] Los ingresos de Estados y Municipios crecieron por el incremento sostenido del Situado Constitucional del 16% en 1990 al 20% en 1994. Luego, en el período 1996-1999, se sintieron los efectos del FIDES y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales. De esta manera, el Ingreso Territorial Venezolano (GTV), definido como el ingreso administrado directamente por Estados y Municipios, se acercó al 30% del total ejecutado por todos los niveles de gobierno, proporción nunca antes lograda en el federalismo venezolano.

[2] Niños muertos por cada 1.000 nacidos vivos.

[3] Foro debates IESA Vivienda. “La vivienda en Venezuela: cifras. Carlos Alberto Molina, 21-07-2011. www.slidershare.net

[4] Fuentes: a) 1989-1999, cálculos a partir de la data de la OCEPRE; b) 2000-2011, cálculos a partir de las Memorias del Ministerio de Planificación  Finanzas, las Leyes de Presupuesto, el represamiento de los Fondos creados y la evolución del precio del petróleo según el Ministerio de Energía y Minas. La caída brutal en el 2011 es producto de un alto grado de diferencial entre el precio base de la Ley, 40 $/barril, y el vigente a septiembre que es de 100 $/barril. El Gobierno Central se queda con esa gran diferencia y el ingreso de Estados y Municipios se reduce su proporción en el ingreso total.